Concesiones: crece en Corrientes el reclamo por la exclusión del trazado de acceso al puente 

Pese a medidas judiciales en curso y a reclamos de las máximas autoridades de la provincia de Corrientes y del municipio capitalino que se hicieron públicos en los últimos meses, el proceso de privatización de rutas nacionales continúa su avance cumpliendo los pasos y plazos previstos para las licitaciones. El planteo de la vecina provincia, al que se sumó con énfasis la principal entidad empresarial, es la exclusión del Corredor Belgrano integrado por las avenidas 3 de Abril, Ferré e Independencia, del pliego licitatorio del Tramo Litoral, que incluye al puente interprovincial con el Chaco, y de la travesía urbana de la ruta nacional 12.

La semana pasada, en la vecina orilla, se oyeron expresiones del jefe del Distrito 10 de Vialidad Nacional, David Moulin, quien aseguró que el corredor "nunca fue jurisdicción del Gobierno nacional"; y del propio gobernador radical Juan Pablo Valdés, quien lejos de cruzarse con el funcionario nacional, pidió resolver la problemática vial que afecta diariamente a la capital provincial.

Ahora, otra voz de peso se suma a los reclamos: la Federación Económica de Corrientes (FEC), representante de las asociaciones y cámaras comerciales, productivas y de servicios que nuclean el motor económico de la provincia, expresó a través de un comunicado su más "enérgico rechazo al modo y las condiciones en que el Poder Ejecutivo Nacional pretende consumar la Licitación Pública Nacional e Internacional".

El reclamo es puntualmente por el trazado que se incluye en el Tramo Litoral, que forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. Forman parte de ese tramo la ruta nacional 16, desde el km 0 ubicado en el Puente Belgrano, del lado de Corrientes, hasta el km 211 en Avía Terai, Chaco; y la ruta nacional 12, desde el empalme de la RN 123 hasta el empalme con la RN 118, todo en territorio correntino.

"Los pliegos nacionales, con una irresponsabilidad manifiesta, prevén inversión cero para las mallas urbanas que atraviesan la capital. Esto significa transferir el enorme costo de mantenimiento del Corredor Belgrano (avenidas 3 de Abril, Ferré e Independencia), y de la Travesía Urbana de la Ruta 12, a las arcas de la Provincia y del Municipio, asfixiando aún más la economía local", expuso la entidad en dicho comunicado, reflejando el eje central del planteo.

Así, calificó como "grave" a la "desatención del peligro latente que representa el continuo paso de vehículos de gran porte cargados con combustibles y sustancias químicas peligrosas por pleno centro urbano, sin carriles exclusivos ni protocolos de contingencia".

En ese sentido, la entidad fue más contundente y enfatizó: "No admitiremos que se ponga en juego la seguridad de nuestras familias y la sustentabilidad de nuestros comercios para cerrar una licitación en interés y a medida del centralismo porteño".

Un frente común

Desde la institución representativa del sector privado correntino destacaron las "intensas gestiones" que viene realizando ante el Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través de su Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y ante la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, con la premisa de "consolidar un frente común y técnico", que impida que esa provincia "sea una vez más despojada de sus derechos".

"Hemos solicitado formalmente la articulación de mesas de trabajo permanentes para volcar el peso del sector privado en las acciones judiciales en curso ante los tribunales federales, instando la promoción de toda otra gestión y acción que resulte necesaria impulsar ante otros fueros judiciales y administrativos", indica el comunicado de la FEC.

Asimismo, se da cuenta de que la entidad pidió formalmente que la Defensoría de los Vecinos de Corrientes asuma la representación colectiva de la comunidad ante la Justicia, exigiendo "el resguardo de la seguridad civil y ambiental".

"Desde la Federación Económica de Corrientes manifestamos nuestro firme desacuerdo con el accionar de las autoridades del Ministerio de Economía de la Nación y de la Dirección Nacional de Vialidad, entendiendo que el proceso llevado adelante no contempla adecuadamente las necesidades de nuestra provincia ni el espíritu federal que debe regir las políticas públicas de infraestructura", resaltaron.

Atropello institucional

En otro punto del comunicado, la Federación consideró "inadmisible", que el Gobierno Nacional "desatienda los legítimos, fundados y reiterados reclamos de los correntinos, ignorando las impugnaciones de ilegalidad planteadas contra los pliegos". Así, advirtió que "avanzar de manera caprichosa y arbitraria con el proceso licitatorio —como lo demuestra el Dictamen de Precalificación emitido de espaldas a la provincia el pasado 2 de julio— sin dar una sola solución ni respuesta expresa a los planteos locales, constituye un atropello institucional que solo busca convalidar un millonario negocio de recaudación mediante peajes, dejando tierra arrasada en nuestra infraestructura regional".

Frente a ese escenario, la FEC anunció que permanecerá "en estado de alerta y movilización, agotando todas las instancias necesarias para que la voz de la producción y de la ciudadanía sea respetada". Y, por último, instó a los legisladores provinciales y nacionales, y concejales capitalinos, a sumarse al reclamo "en defensa de la ciudadanía correntina, la infraestructura y la soberanía productiva".

Avanzar de manera caprichosa y arbitraria con el proceso licitatorio, sin dar una sola respuesta a los planteos locales, constituye un atropello institucional.

A pocos días de conocer las ofertas económicas

El pasado 2 de junio fue emitido el dictamen de precalificación en el marco del proceso de licitación pública Nacional e Internacional 504-0015-LPU26 que lleva adelante el gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y con la participación técnica de Vialidad Nacional.

Dicho documento contiene los resultados de la evaluación realizada por una Comisión Evaluadora de Propuestas sobre los 20 consorcios oferentes que se presentaron el 22 de mayo para la concesión de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho tramos en la Etapa III, entre ellos, los trayectos que pasan por Corrientes y por el Chaco.

Tras declarar como admisibles 48 de las 50 ofertas presentadas para los ocho renglones, la siguiente instancia será la apertura del Sobre 2 u oferta económica, con los valores de los peajes que cada consorcio propuso. Previamente, está abierto y en curso un plazo para impugnaciones.