Advierten "plan sistemático" del gobierno nacional para "destruir" la universidad pública
Las casas de estudios constituyen "un motivo de orgullo para el país".

El gobierno nacional apeló el fallo judicial que declaró inconstitucional el decreto que suspendía la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó avanzar con su cumplimiento. El recurso fue presentado por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y busca revertir la decisión del juez Martín Cormick.
Días atrás, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 había declarado la inconstitucionalidad del decreto del presidente Javier Milei y había ordenado al Gobierno que gire los fondos a las Universidades nacionales. Esto contempla la actualización de los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, la recomposición de los salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles según la inflación. También establece la convocatoria obligatoria a paritarias y partidas destinadas a investigación.
Al respecto, la doctora en Ciencias Sociales Mónica Daldovo, docente ordinaria en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), advirtió que "hay un plan sistemático de destrucción de parte del Gobierno nacional de la producción de conocimiento en la Argentina".

"Están yendo por nuestra soberanía", alertó, al remarcar que la producción de conocimiento "es más que soberano" para la Argentina, ya que "tiene un sistema universitario que es prestigioso y un orgullo nacional".
Aseveró que "si por novena vez apelaron la decisión de la Justicia", que declaró la inconstitucionalidad del decreto de Milei, "se confirma esta idea de que van por la destrucción de la calidad de la educación en la Argentina", calificando ello de "más que grave".
Para Daldovo, el accionar de la gestión mileísta no responde a "hechos aislados", sino que se trata de "un plan sistemático" en donde "van contra las instituciones que hacen ciencia y las Universidades argentinas".
En ese sentido, cuestionó las políticas del Gobierno libertario, al advertir sobre sus posibles consecuencias para el acceso a la educación superior y la movilidad social en la Argentina.
"Esto es exactamente la antítesis de los Gobiernos populares", sostuvo, al expresar su preocupación por el rumbo de las políticas educativas impulsadas por la administración nacional.
En esa línea, remarcó que, pese a las dificultades que atraviesa el sistema universitario, la Universidad pública continúa siendo una de las principales herramientas para promover la movilidad social y generar oportunidades de progreso para amplios sectores de la sociedad.
"Sabemos que, pese a todo, la Universidad sigue siendo la mejor herramienta para la movilidad social en la Argentina. Y esto es lo que no quiere este Gobierno nacional", afirmó.

Deterioro de los salarios
A su turno, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la UNaF (ATUNF), Milcíades Olmedo, se refirió al deterioro de los salarios y la reducción de los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones.
"Nosotros estamos defendiendo la Universidad pública y, por supuesto, que las leyes tengan su plena aplicación, porque para todo ciudadano argentino es lo fundamental", enfatizó.
En relación con la cuestión salarial, señaló que hasta agosto la pérdida acumulada alcanzaba el 33,4% y advirtió que el impacto de la inflación profundiza el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores docentes y no docentes.
Por otra parte, puso el foco en la situación presupuestaria de las casas de altos estudios y estimó que la pérdida de recursos ronda el 44%, una situación que, según explicó, afecta directamente el funcionamiento cotidiano de las casas de estudios.
Al concluir, remarcó la necesidad de que se liberen los fondos correspondientes para atender las demandas de infraestructura, realizar reparaciones edilicias y garantizar la compra de insumos indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas.
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