La Defensoría pidió informes a la Policía por operativo contra cuidacoches
El requerimiento surgió luego de la viralización de imágenes donde efectivos policiales interceptan, requisan y trasladan a trabajadores informales en la vía pública.
La defensora general adjunta del Poder Judicial del Chaco, Gisela Gauna Wirz, elevó la semana pasada un pedido de informe formal al jefe de la Policía de la provincia para conocer bajo qué marco legal se realizó el procedimiento contra cuidacoches que fue difundido en redes sociales mediante un video institucional. El requerimiento surgió luego de la viralización de imágenes donde efectivos policiales interceptan, requisan y trasladan a trabajadores informales en la vía pública, en medio del debate político por la prohibición de los trapitos en Resistencia.

Gauna Wirz explicó que al observar el material creyó que podía tratarse "de una pieza comunicacional o hasta de una simulación", debido a que no es habitual que una posible restricción de libertad sea exhibida de ese modo desde una cuenta institucional.
La funcionaria judicial remarcó que en el video difundido "no se observa cuál es la contravención" que habría motivado la intervención policial. En ese sentido, cuestionó que al trabajador interceptado solamente se le informara que realizaba "una actividad no respaldada", sin especificar el delito o falta contravencional atribuida. Además, recordó que las aprehensiones o demoras están previstas en el Código Procesal Penal como medidas excepcionales y advirtió que no toda actividad irregular habilita automáticamente una detención.
Gauna Wirz también puso el foco en la requisa personal realizada durante el operativo y sostuvo que este tipo de medidas debe contar con fundamentos legales claros y respetar protocolos específicos. "Tiene que haber una justa causa y tampoco pueden ser humillantes las requisas", afirmó, al tiempo que señaló que varias personas lograron identificar al hombre requisado a partir del video difundido oficialmente.
Finalmente, la defensora aclaró que su intervención "no implica defender a los trapitos", sino garantizar el cumplimiento de la legalidad y evitar posibles abusos de poder. En caso de advertir irregularidades, corresponderá dar intervención a la fiscalía de turno.
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