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Lavado de activos

La defensa de Tito López rechaza la acusación y asegura que "no hay pruebas del delito precedente"

En el marco del juicio por presunto lavado de activos contra el dirigente social Tito López y su familia, la defensa salió a cuestionar con firmeza el pedido de penas formulado por la fiscalía y anticipó que buscará demostrar la licitud de los bienes y recursos en discusión.

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La defensa de Tito López rechazó el pedido de penas y aseguró que no existen pruebas que acrediten el origen ilícito de los fondos investigados.

El abogado defensor, Marcelino Leiva, expresó su desacuerdo con el alegato del fiscal y sostuvo que "no existen elementos suficientes y contundentes" que permitan acreditar el origen ilícito del dinero, un punto clave para sostener la acusación de lavado de activos.

"Para que exista lavado de activos, es esencial probar el delito precedente, es decir, que el dinero tenga un origen espurio. Eso no está demostrado", afirmó.

Origen de los fondos

Según explicó Leiva, la defensa argumentará que los bienes adquiridos por la familia López provienen de fuentes legales, entre ellas préstamos, subsidios estatales y financiamiento de entidades como mutuales y organismos provinciales.

En ese sentido, detalló que desde fines de la crisis de 2001 se impulsaron proyectos productivos destinados a integrantes de movimientos sociales, los cuales eran otorgados de manera individual ante la falta de personería jurídica de esas organizaciones.

"En el Chaco se entregaron cientos de proyectos productivos: ladrillería, costura, panadería y también cría de animales. A la familia López le tocó la producción porcina, como a muchos otros beneficiarios", indicó.

Desarrollo productivo y tierras en El Impenetrable

El abogado relató que, tras iniciar la actividad con cría de cerdos, la familia fue creciendo en su producción hasta solicitar tierras en la zona de El Impenetrable para desarrollar ganadería.

De acuerdo a su versión, en 2008 el Estado provincial les otorgó en concesión parcelas de unas 290 hectáreas a cada integrante del grupo familiar, alcanzando cerca de 1.800 hectáreas en total.

Leiva remarcó que se trata de una zona de baja productividad, donde debieron realizar inversiones en infraestructura básica como alambrados, perforaciones de agua y apertura de caminos.

Con el tiempo —agregó— los campos fueron puestos en producción ganadera, con registros ante organismos sanitarios y actividad sostenida durante más de una década. Posteriormente, esas tierras fueron adjudicadas en venta y, según la defensa, adquiridas mediante créditos que fueron cancelados.

Cuestionamientos a la acusación

El defensor también respondió a los cuestionamientos sobre la magnitud de las tierras y el patrimonio de la familia, señalando que la asignación se realizó por unidad productiva y de manera individual a cada integrante.

Además, sostuvo que hubo otros beneficiarios de programas similares que lograron progresar, aunque reconoció que no todos corrieron la misma suerte.

Por otra parte, planteó una lectura política del proceso judicial. "Esto tiene que ver con que López, por su rol como dirigente social, es considerado un enemigo del gobierno actual", afirmó.

En esa línea, aseguró que la investigación lleva varios años sin haber logrado comprobar un delito concreto.

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El abogado Marcelino Leiva afirmó que los bienes de la familia provienen de actividades productivas, créditos y subsidios otorgados desde la crisis de 2001.

Lo que sigue

El alegato de la defensa está previsto para el próximo 6 de mayo. Tras esa instancia, el tribunal podría avanzar rápidamente hacia una definición.

Consultado sobre las expectativas, Leiva fue categórico: "Confiamos absolutamente en la absolución".

El caso se encuentra en una etapa clave, con posiciones enfrentadas entre la acusación y la defensa en torno a un punto central: si existió —o no— un origen ilícito del dinero que permita sostener el delito de lavado de activos.

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