Bullying en el Chaco: no es delito, pero crece el reclamo por respuestas legales ante casos cada vez más graves

En la provincia del Chaco, la preocupación crece, pero desde el punto de vista legal persiste una realidad que sorprende a muchas familias: el acoso escolar no está tipificado como delito.

Así lo explicó la abogada y capacitadora Romina Muro, quien advirtió que, pese a la gravedad de muchos casos, en Argentina no existe una figura penal ni contravencional específica para el bullying. "Muchas personas creen que pueden denunciarlo en una comisaría, pero se encuentran con que no constituye delito", señaló.

En ese marco, el abordaje del problema recae principalmente en el sistema educativo. Existen leyes y resoluciones que establecen protocolos de actuación, como programas de detección y prevención del acoso escolar, pero en la práctica —según Muro— hay una gran falencia: la falta de capacitación docente para aplicar esas herramientas.

"La normativa está, pero muchas veces no se implementa porque no hay formación suficiente. Eso hace que las situaciones desborden lo escolar y escalen a un problema social", explicó.

Redes sociales: el bullying que no termina en la escuela

Uno de los aspectos más complejos es la continuidad del acoso fuera del ámbito escolar. Hoy, los conflictos siguen en internet, donde los límites de intervención son más difusos.

En estos casos, las escuelas tienen menos margen de acción directa. "El docente no puede intervenir sobre dispositivos personales, pero sí debe registrar lo que ocurre y dar intervención a áreas como cibercrimen", indicó la especialista.

Aquí, el rol de las familias se vuelve clave como primera barrera de contención. Sin embargo, cuando la situación supera esa instancia, debería intervenir el sistema de protección integral de derechos —como la línea 102—, aunque también presenta limitaciones en la práctica.

Cuando la escuela no alcanza, aparece la Justicia

Si bien el bullying no es delito, existen caminos judiciales alternativos. Muro mencionó el caso de una adolescente en Corrientes donde, ante un acoso sostenido por parte de un grupo de compañeros, la madre recurrió a la Justicia.

El juez intervino, tomó medidas cautelares y dispuso que una de las agresoras reciba tratamiento psicológico y continúe sus estudios de forma virtual hasta estar en condiciones de volver al aula. "Ese abordaje permitió evitar un desenlace trágico", remarcó.

Sin embargo, este tipo de intervenciones aún no es habitual en la provincia del Chaco.

Un sistema con normas, pero sin recursos

El diagnóstico es claro: hay legislación, pero faltan recursos humanos y económicos para aplicarla. La falta de capacitación atraviesa no solo al sistema educativo, sino también a otros actores que podrían intervenir, como la Justicia.

Además, la reciente modificación en la edad de imputabilidad —que comenzará a regir en septiembre— abre nuevos debates, aunque no cambia la situación del bullying en sí. "Para que sea punible, tiene que estar tipificado. Hoy no lo está", aclaró Muro.

Mientras tanto, en otras provincias ya se analizan figuras contravencionales para abordar estos casos, lo que podría marcar el camino a futuro.

Un problema que interpela a toda la sociedad

El bullying ya no puede pensarse como un conflicto menor ni aislado. Sus consecuencias pueden ser graves y, en algunos casos, irreversibles. La falta de respuestas concretas y coordinadas deja a muchas familias sin herramientas claras para actuar.

"Esperar hasta el final no trae buenas consecuencias", advirtió la especialista, quien insistió en la necesidad de intervenir a tiempo.

El desafío, coinciden los especialistas, no es solo crear nuevas leyes, sino garantizar que las que ya existen se apliquen de manera efectiva. Mientras tanto, el reclamo por soluciones crece al ritmo de un problema que no deja de expandirse.