El Colegio de Abogados impulsa cautelar contra la reforma laboral que afecta honorarios profesionales

El Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, junto a 25 colegios de abogados de distintos puntos del país, presentó ante la Justicia  la primera medida cautelar autónoma para frenar dos disposiciones de la reforma laboral que, según sostienen, deterioran gravemente el ejercicio profesional: el cobro de honorarios en cuotas y la responsabilidad solidaria objetiva de los abogados en las costas del proceso.

El recurso contencioso administrativo presentado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)  se dirige contra el Artículo 20 de la Reforma Laboral, que establece la responsabilidad solidaria del abogado si el juez considera que se reclamó de más, aun sin dolo ni culpa grave.

Históricamente, la pluspetición requería demostrar temeridad, malicia e inexcusabilidad del abogado; ahora basta con la apreciación del juez, lo que objetiviza la sanción y coloca al profesional en una situación de riesgo patrimonial injustificada. También se cuestiona el Artículo 277 de la LCT reformada, que habilita el pago de honorarios en cuotas.

Los colegios sostienen que esta medida desconoce la naturaleza alimentaria de los honorarios, que constituyen el sustento del abogado, y traslada al profesional el costo del incumplimiento, afectando un derecho adquirido.

Los argumentos centrales de la presentación de la entidad abogadil presidida por Jose Rene Galassi y 25 colegios más de distintos puntos del país,  remarcan que estas disposiciones violan el carácter alimentario de los honorarios y afectan el derecho de propiedad protegido por el artículo 17 de la Constitución Nacional.

Además, comprometen la independencia técnica del abogado al obligarlo a litigar bajo amenaza de sanciones personales, limitan el acceso a la justicia de los ciudadanos al desalentar la defensa en el fuero laboral e invaden competencias procesales provinciales, vulnerando el artículo 121 de la Constitución Nacional. Para los colegios, se trata de una discriminación legislativa, ya que los abogados laboralistas son los únicos en el país obligados a financiar sus honorarios en cuotas y asumir riesgos patrimoniales por el monto reclamado, mientras que ningún otro fuero impone semejante carga.

La acción se fundamenta en la legitimación colectiva reconocida por la Corte Suprema en el fallo Halabi c/ PEN, que otorga a los colegios de abogados representación legal de toda la matrícula. Ante la Justicia Federal, se solicita la suspensión inmediata de ambas normas y la declaración de inconstitucionalidad para todos los abogados matriculados del país.

Además del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, acompañan la iniciativa los colegios de Villa María, Misiones, Corrientes (Primera Circunscripción), Paso de los Libres, Catamarca, Viedma, Laboulaye, General Roca, Villa Dolores, Cruz del Eje, Río Cuarto, San Francisco, Bell Ville, Dean Funes, Río Tercero, La Pampa, Santa Fe, Salta, San Carlos de Bariloche, Ushuaia, Charata, Santo Tomé, Goya, Curuzú Cuatiá y Trelew.

Los colegios firmantes remarcan que esta reforma no constituye un avance, sino una restricción deliberada al ejercicio profesional. "Sin honorarios no hay justicia", concluyen.