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Polémica

El Colegio de Abogados cuestiona el fallo que declaró inconstitucional parte de la Ley de Honorarios

La Comisión Directiva expresó preocupación por la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3 de la norma que regula los honorarios profesionales.

La comisión directiva del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia expresó su "profunda preocupación y enérgico repudio" por la sentencia de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que declaró de oficio la inconstitucionalidad del artículo 3° de la Ley 4228-C de Honorarios Profesionales.

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A través de un comunicado institucional, señalaron que la Ley 4228-C fue sancionada por la Legislatura provincial con el objetivo de "dignificar, jerarquizar y proteger" los honorarios de abogados y procuradores. En particular, defendieron el artículo 3°, que establece la aplicación inmediata del nuevo régimen arancelario a todos los procesos que aún no tengan regulación firme de honorarios, al sostener que no afecta derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas.

El pronunciamiento surgió luego de que la Sala Cuarta de la Cámara Civil declarara inconstitucional ese artículo en el marco de una causa iniciada por Cinthia Graciela Arnedo contra el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV). Los jueces Fernando Adrián Heñin y Diego Gabriel Derewicki entendieron que aplicar la nueva ley a trabajos profesionales realizados antes de su vigencia vulneraba el derecho de propiedad y afectaba derechos ya incorporados al patrimonio.

El Colegio sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad carece de la "fundamentación constitucional estricta" que exige una medida de semejante gravedad institucional. Además, cuestionó que el tribunal haya utilizado criterios jurisprudenciales anteriores para desplazar la aplicación de una ley vigente

Finalmente, la entidad reafirmó que la protección de los honorarios profesionales "no constituye un privilegio corporativo", sino una garantía para el ejercicio digno e independiente de la abogacía. En ese sentido, exhortó a los órganos jurisdiccionales de la provincia a adecuar sus decisiones al marco normativo vigente.

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