La crisis sanitaria que golpea a los militares

   A comienzos de 2026, el gobierno nacional dispuso por decreto la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y su reemplazo por dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). Sin embargo, detrás del cambio institucional persiste una realidad inquietante: miles de afiliados continúan sin cobertura efectiva y el sistema permanece, en gran parte del país, prácticamente paralizado.

   Durante años, IOSFA fue una de las obras sociales más grandes del sector público argentino, integrando a personal militar, retirados, pensionados y miembros de distintas fuerzas federales de seguridad. Pero su situación financiera se deterioró aceleradamente en los últimos años. Entre 2024 y 2025, la institución acumuló un pasivo estimado entre 200.000 y 300.000 millones de pesos, producto de un déficit operativo crónico y del aumento sostenido de los costos médicos.

   El problema estructural tenía varias raíces. Por un lado, los aportes de los afiliados se fueron licuando con la inflación y no se actualizaron al mismo ritmo que los gastos del sistema de salud. Por otro, los costos de medicamentos, insumos importados y honorarios profesionales crecieron con rapidez, ampliando el desfasaje entre ingresos y egresos. A esa situación se sumaron decisiones financieras controvertidas, como el crédito de 40.000 millones de pesos tomado en enero de 2025 con el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, destinado a cubrir gastos corrientes y no inversiones que generaran ingresos futuros.

   Para fines de 2025, distintos informes advertían que la deuda superaba los 200.000 millones de pesos y que, de no cancelarse una parte significativa, el sistema corría riesgo de "desintegración". Ese escenario comenzó a materializarse rápidamente.

Prestaciones cortadas y afiliados sin cobertura

   El impacto de la crisis se trasladó de inmediato a los afiliados. A lo largo de 2024 y 2025 se multiplicaron los cortes de prestaciones debido a deudas millonarias con clínicas, hospitales, droguerías y farmacias. En algunos momentos, se estimó que más del 30% de los afiliados se vio afectado por suspensiones o restricciones en la atención médica.

   Las situaciones más críticas se registraron en ciudades con presencia militar o bases navales. En Mar del Plata, por ejemplo, el Hospital Privado de la Comunidad suspendió casi todas las prestaciones a afiliados de la obra social por una deuda cercana a 800 millones de pesos. Como consecuencia, unos 20.000 afiliados quedaron sin cobertura efectiva y debieron pagar consultas y estudios de su propio bolsillo.

   Escenarios similares se repitieron en Bahía Blanca, el Área Metropolitana de Buenos Aires y ciudades como Trelew o Tucumán, donde directamente desaparecieron los prestadores que atendían a la obra social. En varias provincias del norte del país, afiliados denuncian que no existe actualmente una red de atención operativa.

   La falta de respuestas administrativas empujó a muchos afiliados a recurrir a la Justicia. En los últimos meses se multiplicaron los amparos judiciales para garantizar tratamientos médicos o medicamentos, y comenzaron a aparecer embargos sobre la institución por deudas con prestadores.

La disolución de IOSFA

   Frente al colapso financiero y operativo, el gobierno nacional decidió intervenir de manera estructural. A través del decreto 88/2026 se dispuso la disolución formal de IOSFA y la creación de dos nuevas obras sociales separadas.

   La OSFA quedó bajo la órbita del Ministerio de Defensa y destinada exclusivamente al personal militar en actividad, retirados, pensionados y sus familias. Por su parte, la OSFFESEG pasó a cubrir a las fuerzas federales de seguridad, como Gendarmería y Prefectura.

   El Ejecutivo presentó la medida como un intento de ordenar el sistema, garantizar la sostenibilidad financiera y reducir los problemas administrativos que se acumulaban en la obra social unificada. La nueva estructura de OSFA contempla un directorio de cinco miembros titulares y cinco suplentes designados por el Ministerio de Defensa, con representación de las distintas fuerzas armadas y del personal civil.

   En el plano institucional, el objetivo declarado es construir una obra social más "previsible y sostenible". Sin embargo, la transición está lejos de haberse completado.

El "vacío" de OSFA

   En la práctica, el nacimiento de OSFA todavía no se tradujo en una normalización del sistema sanitario para los afiliados. Distintos reportes periodísticos describen la situación actual como un "vacío" institucional: la vieja obra social dejó de existir formalmente, pero las nuevas estructuras aún no lograron reconstruir la red de prestadores ni regularizar las deudas acumuladas.

   En muchas ciudades del país los hospitales y clínicas siguen sin atender a los afiliados por falta de pago. Los convenios médicos continúan en revisión y no hay claridad sobre los nuevos aranceles ni sobre los mecanismos administrativos para autorizar prestaciones.

   Mientras tanto, los aportes obligatorios continúan descontándose de los haberes del personal militar y de los retirados. Para muchos afiliados, la sensación es de incertidumbre: siguen contribuyendo a un sistema que todavía no logra garantizar la cobertura que prometía.

   La crisis también abrió un frente político. Dentro del ámbito militar se multiplican las críticas a gestiones anteriores del Ministerio de Defensa, a las que se responsabiliza por el deterioro financiero de la obra social. Al mismo tiempo, la nueva conducción enfrenta el desafío de reconstruir la confianza de los afiliados y de los prestadores médicos.

  Por ahora, la transición entre IOSFA y OSFA parece lejos de resolverse. En el medio quedan miles de familias militares que, mientras se reorganiza el sistema, continúan atravesando dificultades para acceder a un derecho básico: la atención médica.