Para entender la Reforma Penal Juvenil 

   Mientras el oficialismo y sus aliados celebran el endurecimiento de las penas, la diputada nacional Myriam Bregman (FIT-U) denunció que la norma es "totalmente inconstitucional y anticonvencional". Bregman sostiene que no estamos ante una solución técnica a la inseguridad, sino ante un acto de demagogia punitiva que hipoteca el futuro de las infancias más vulnerables.

La reivindicación de 1919

   Para entender esta reforma, es imperativo analizar el espejo histórico en el que se mira el actual gobierno. Bregman señala que el espíritu de la ley nos retrotrae a la Ley Agote de 1919, periodo que el presidente Milei reivindica explícitamente. En aquel entonces, en un contexto de miseria extrema y migración, se acuñó una lógica de "peligrosidad" para disciplinar a los hijos de la clase trabajadora.

   En pleno siglo XXI, la política criminal argentina regresa a conceptos conservadores de hace más de cien años. La retórica oficial evoca aquellos tiempos donde la exclusión social se resolvía con palos y encierro, ignorando que la pobreza no es un delito, sino una falla sistémica del Estado. "Los niños que empezaban como canillitas terminaban como canallas"

"Derecho Penal de Autor" y criminalización secundaria

   Uno de los pilares más oscuros de esta reforma es la consolidación del derecho penal de autor. Esto implica que el sistema no juzga solo el hecho cometido, sino la "peligrosidad" inherente al individuo o su probabilidad de reincidencia. Es, dice la diputada, un ataque directo a la adolescencia que busca crear un "enemigo interno" para justificar el control social.

   Desde la perspectiva de la criminalización secundaria, es sabido que las leyes penales no se aplican de forma universal, sino selectiva. Esta herramienta otorga a las fuerzas de seguridad un poder discrecional para perseguir a los sectores populares, transformando la vulnerabilidad en un agravante penal, mientras los crímenes del poder permanecen en la sombra.

Un trato político "anticientífico"

   La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no responde a criterios técnicos, sino a un canje político. Mientras el gobierno pujaba por los 13 años, terminó negociando con sus aliados para cerrar en 14. Esta decisión es calificada como anticientífica, ya que toda la evidencia estadística demuestra que el encarcelamiento temprano no previene el delito, sino que dispara la reincidencia al destruir los lazos sociales del joven.

   El eslogan "delito de adulto, pena de adulto" es una simplificación jurídica vacía, un "discurso berreta" que ignora que un adolescente es un organismo en plena formación biológica y psicológica. "Entonces digamos delito de senador, pena de senador", dice Bregman. "Pero los senadores que huyen traficando divisas a otros países no tienen ‘pena de senador’, ni siquiera tienen la pena que corresponde al delito que cometen".

   Y agrega: "Mientras el mundo observa con horror realidades como la de la Isla Epstein o los crímenes en los Balcanes, donde la niñez es mercantilizada y abusada, o genocidios como el que comete Israel en Gaza, con el asesinato de miles de niños, la respuesta local es profundizar el castigo sobre quienes menos tienen".

Una "chantada" de 23.000 millones"

   El discurso oficial intenta matizar el rigor del encierro prometiendo programas de educación y tratamiento de adicciones. Sin embargo, el presupuesto asignado de 23.000 millones de pesos es, según Bregman, un fraude. Este monto es absolutamente insuficiente para construir la infraestructura necesaria o reformar el sistema judicial, dejando la promesa de "reinserción" como una mera fachada discursiva.

   La realidad territorial desmiente el relato: en provincias como Tucumán, las madres de sectores populares deambulan desesperadas buscando centros de atención para el consumo problemático sin hallar respuesta alguna. Al final, el apoyo de sectores como el Socialismo de Santa Fe o los diputados vinculados a Sergio Massa revela un "arrastre de felpudo" hacia la ultraderecha, priorizando la criminalización sobre la salud pública.

"Muerte Civil" y educación como castigo

   Establecer penas de hasta 15 años de prisión para un adolescente constituye lo que se denomina muerte civil. Un joven que ingresa al sistema penal bajo estas condiciones ve interrumpido su desarrollo vital de forma irreversible. El encierro prolongado anula cualquier posibilidad de retorno a la escuela, la facultad o el mercado laboral formal, condenándolo a un ciclo perpetuo de exclusión.

   La perversión del sistema se agrava cuando el derecho a la educación se utiliza como herramienta disciplinaria. Citando las visitas de la docente Romina del Pla a institutos como los de Virrey del Pino, Bregman denuncia que el castigo habitual de los guardias es prohibirle al joven asistir a clase. Es el colmo de la contradicción: se encierra para "educar", pero se quita la educación para castigar, revelando que el único fin es el aislamiento absoluto.

El futuro que estamos construyendo

   Esta reforma penal parece ser el último recurso de un Estado que renunció a ofrecer empleo genuino, deporte y ocio sano a su juventud. Al colocar a los jóvenes como victimarios y no como víctimas de un sistema que sumergió a más de la mitad de los niños en la pobreza, el gobierno intenta ocultar la catástrofe social que administra.

  La única salida que hoy se le ofrece a un pibe de barrio es la precarización total, el encierro o ser captado como "soldadito" del narcotráfico. Ante este panorama, cabe concluir que el endurecimiento de las penas no es una búsqueda de justicia, sino simplemente el método más cruel para disciplinar a una generación a la que ya se le robó todo lo demás.