Entre el reclamo por mano dura y las advertencias por regresión de derechos

En el contexto del debate por la ley para bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal en el Congreso de la Nación, impulsado por el oficialismo libertario, NORTE consultó con diferentes funcionarios, especialistas y representantes institucionales locales que reflejaron visiones contrapuestas sobre cómo abordar el delito juvenil.

La discusión excede lo jurídico y se instala como un debate social de alto impacto público: mientras algunos sectores sostienen que la medida permitirá dar respuestas a víctimas y reforzar herramientas judiciales, otros advierten que se trata de una reforma regresiva, sin respaldo estadístico y contraria a estándares internacionales. Entre esas posiciones, también aparecen miradas intermedias que llaman a ampliar el análisis hacia las causas estructurales que rodean a la problemática.

Seguridad y demanda de las víctimas

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, expresó su respaldo a la iniciativa e incluso consideró que la edad debería reducirse más, hasta los 12 años.

Según afirmó, la experiencia cotidiana en la calle muestra una participación creciente de menores cada vez más jóvenes en delitos graves, como robos armados, homicidios y narcomenudeo. En esa línea, sostuvo que la fuerza tiene "el termómetro" de lo que ocurre en los barrios y que el reclamo de respuestas proviene directamente de las víctimas.

Romero señaló además que, según registros policiales, alrededor de 20% de los delitos serían cometidos por menores, y planteó que la legislación actual limita la capacidad de acción judicial. A su entender, la reforma permitiría dotar de herramientas al sistema penal y responder a una demanda social concreta. También afirmó que, en algunos casos, adultos se valen de la inimputabilidad para inducir a menores a delinquir.

Críticas técnicas

En la vereda opuesta, el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Darío Gómez, confirmó el rechazo institucional al proyecto y explicó que Argentina mantiene una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina y no existen estadísticas que respalden la necesidad de bajar la edad de imputabilidad.

Asimismo, Gómez sostuvo que la iniciativa responde más a una decisión política que a un diagnóstico técnico y advirtió que podría contradecir estándares internacionales en materia de derechos humanos. También cuestionó que se tomen como modelo países que aplicaron políticas más duras sin resolver la violencia interna.

En ese marco, la cuestión penitenciaria aparece como uno de los puntos más sensibles del debate. El especialista alertó sobre el sistema provincial, señalando que las cárceles ya presentan sobreocupación y que sumar menores sería inviable en términos estructurales y de garantías.

Todo esto deriva en hacinamiento, deterioro de condiciones sanitarias y limitaciones para garantizar derechos básicos de las personas privadas de libertad. Esta situación no solo afecta a los detenidos adultos, sino que también tensiona al sistema judicial y a las fuerzas de seguridad, ya que ante la falta de plazas muchos detenidos permanecen en comisarías -espacios no preparados para alojamiento prolongado-, lo que altera la función preventiva de la policía.

Enfoque social

Desde la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz, su presidente, Fernando Guirado, planteó una posición prudente y pidió ampliar el debate más allá de la edad de imputabilidad. Puntualizó que el fenómeno debe analizarse considerando el contexto social, económico y familiar que rodea a los jóvenes, y remarcó que la reducción de la edad no puede pensarse como una solución automática al problema del delito.

El referente también reconoció que existe un reclamo social legítimo de justicia por parte de víctimas cuando ocurren hechos graves protagonizados por menores, pero subrayó que la respuesta no debe limitarse a medidas punitivas.

A su criterio, el desafío es construir políticas integrales que incluyan contención familiar, prevención y participación comunitaria, ya que -advirtió- el impacto social de un delito cometido por un menor suele ser alto, aun cuando la incidencia estadística sea baja.

El proyecto, impulsado por sectores del oficialismo y aliados, sintetiza una discusión histórica en Argentina sobre seguridad, responsabilidad penal juvenil y políticas públicas. Mientras el Congreso votaba la norma, el debate continúa abierto entre quienes priorizan el endurecimiento de las sanciones y quienes sostienen que la solución pasa por atacar las causas estructurales de la violencia juvenil.