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Régimen Penal Juvenil y acuerdo Mercosur-UE

Posturas diversas y respaldos sorpresivos de los diputados nacionales del Chaco

La lógica se rompió en el acuerdo entre el Mercosur y la unión europea que contó con el aval de Aldo Leiva y Sergio Dolce.

En una extensa sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación avanzó con dos iniciativas de fuerte impacto político y social: el nuevo Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

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En una extensa sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados de la Nación avanzó con los dos proyectos prioritarios para el gobierno.

En ambos debates, los siete diputados nacionales por el Chaco exhibieron votaciones divididas, con alineamientos que, en algunos casos, rompieron la lógica habitual de los bloques.

VOTOS DIVIDIDOS

Luego de más de una década de intentos fallidos, la Cámara baja dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto fue aprobado por 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones, tras más de ocho horas de debate.

La iniciativa fue incorporada a fines de enero por el gobierno nacional en el temario de sesiones extraordinarias, tras el macabro crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. La mamá del joven asesinado por un grupo de menores estuvo presente este jueves en el Congreso.

La delegación chaqueña se dividió con claridad. Votaron a favor: Guillermo César Aguero y Gerardo Cipolini (UCR), junto con Carlos García y Rosario Goitía (La Libertad Avanza). Se pronunciaron en contra: Sergio Dolce, Aldo Leiva y Julieta Campo, los tres de Unión por la Patria.

REINSERCIÓN DE LOS ADOLESCENTES

Desde el oficialismo libertario, el diputado Carlos García defendió su acompañamiento a la iniciativa y rechazó las críticas por una supuesta estigmatización de adolescentes. En diálogo con NORTE, sostuvo que la norma "no busca señalar a los jóvenes, sino darles una oportunidad y marcar que el delito no es el camino". En ese sentido, remarcó que el nuevo régimen apunta no solo a la imputabilidad, sino también a la reinserción social, con acceso a estudios y trabajo dentro de los dispositivos previstos.

García también respondió a los cuestionamientos sobre el financiamiento del sistema, uno de los puntos más sensibles del debate. Admitió que la implementación requerirá recursos importantes para adecuar o crear centros especializados, pero consideró que "en algún punto había que avanzar" y que el desafío será articular Nación y provincias para que la ley no quede reducida únicamente a la baja de la edad imputable.

GENERAR OPORTUNIDADES

Del otro lado, Aldo Leiva fue una de las voces chaqueñas más críticas del proyecto. El diputado de Unión por la Patria cuestionó el enfoque punitivo de la iniciativa y planteó que el problema de la violencia juvenil no se resuelve con más castigo. "Nos quieren hacer creer que la solución pasa por bajar la edad, cuando en realidad se resuelve generando trabajo, oportunidades, escuelas, clubes y espacios de contención", afirmó.

Leiva fue más allá y vinculó el debate con el rumbo general del país. Señaló que "los que condicionan la soberanía y el futuro de la Argentina" no son los adolescentes que delinquen, sino "los ladrones de guantes blancos" que, con respaldo mediático y económico, imponen una agenda que recorta derechos. Para el legislador chaqueño, el nuevo régimen reproduce una lógica de exclusión y deja de lado una discusión profunda sobre las causas sociales del delito.

El capítulo presupuestario del proyecto, votado de manera nominal, también dejó expuestas las tensiones. Aunque fue aprobado volvió a mostrar a los chaqueños en veredas opuestas.

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