El Gobierno llama a dueños de los principales medios para que apoyen la reforma laboral
En la antesala del debate parlamentario por la reforma laboral, la senadora Patricia Bullrich convocó a los dueños de los principales medios de comunicación del país a una reunión en el Senado, con el objetivo de garantizar respaldo editorial al proyecto.

La convocatoria fue realizada por la senadora oficialista Patricia Bullrich a través de las entidades que agrupan a los editores de medios, como Adepa y Aedba. El encuentro está previsto para el próximo miércoles y, según fuentes oficiales, se organizó con bajo perfil y en estricta reserva.
La iniciativa se enmarca en la estrategia del oficialismo para asegurar apoyos clave antes del tratamiento legislativo. Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, concentra sus gestiones en los gobernadores, ofreciendo incentivos financieros y eventuales modificaciones en el capítulo impositivo, Bullrich quedó a cargo del diálogo con distintos sectores, entre ellos la CGT y ahora los empresarios periodísticos.
El proyecto de reforma laboral incluye la eliminación de varios regímenes especiales, entre ellos el Estatuto del Periodista, una norma vigente desde 1946 que otorga protecciones adicionales a los trabajadores de prensa. Su derogación representa un viejo reclamo de importantes grupos mediáticos, que cuestionan especialmente los costos laborales asociados al régimen.
La posibilidad de eliminar el Estatuto había sido planteada previamente por el Gobierno en el Consejo de Mayo, en septiembre pasado, pero en esa oportunidad fue rechazada por el representante de la CGT, Gerardo Martínez. Aunque entonces el tema quedó en suspenso, finalmente fue incorporado al texto enviado al Congreso.
Entre los puntos más resistidos por las empresas se encuentran el recargo indemnizatorio —que puede equivaler a varios salarios adicionales— y el breve período de prueba, de apenas 30 días, frente a los seis meses que rigen desde 2024 para el resto de los trabajadores. También se cuestionan algunas categorías profesionales y mecanismos de contratación.
La inclusión de este capítulo generó un rechazo unánime de los sindicatos y organizaciones del sector, como Sipreba y Fopea, que advierten sobre un debilitamiento de la libertad de expresión. En cambio, las entidades empresarias mantuvieron hasta ahora un llamativo silencio. Tampoco los funcionarios encargados de defender el proyecto se pronunciaron públicamente sobre este punto.
El Estatuto del Periodista Profesional fue creado en 1944, durante el gobierno de Edelmiro Farrell, por impulso de Juan Domingo Perón, y ratificado en 1946. La ley regula la matriculación, las jornadas laborales, las vacaciones, las categorías profesionales y los salarios, además de establecer condiciones especiales para el ingreso y la estabilidad laboral.
Su eje central es la protección frente a despidos arbitrarios, en una actividad expuesta a presiones políticas y económicas. El régimen establece plazos de preaviso, indemnizaciones por antigüedad y una compensación adicional de hasta seis meses de salario en casos de cesantía sin causa.
Para los gremios, estas garantías son esenciales para preservar la independencia periodística. Para el Gobierno y parte del empresariado, en cambio, representan un obstáculo para la "modernización" del mercado laboral. La reunión del miércoles buscará destrabar ese conflicto y consolidar apoyos antes de un debate que promete ser uno de los más controvertidos del año.
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