La condena a piquetero puso bajo la lupa al abogado Galassi y exfuncionarios

No obstante, el fallo leído por la jueza de la Cámara Primera en lo Criminal, Glenda Vidarte, que estuvo acompañada en el tribunal por sus pares Julieta Dansey y Natalia Kuray, dedicó varios minutos a detallar una serie de investigaciones "residuales" surgidas de la causa contra Barraza, entre las cuales se ordena a los fiscales que correspondan poner bajo la lupa el accionar, durante ese mismo período, de exfuncionarios, familiares del piquetero e, incluso, de un reconocido abogado del foro local.

DERIVACIONES

Tras leer la condena a Carlos Iván Barraza, que reaccionó en la sala aplaudiendo y luego haciendo la seña de "fuck you" a camarógrafos, la jueza comenzó a enumerar la continuidad de investigaciones requeridas a los equipos fiscales que correspondan por estar de turno. En primer lugar a Gustavo Ariel Brites por el presunto delito de falso testimonio.

Posteriormente el tribunal ordenó ir un poco más profundo en la trama de presuntas comisiones de delitos contra el Estado, todas cometidas en el período 2022 y 2023, dentro de lo que sería una misma operatoria vinculada al piquetero y exjefe del Pozo 5 de SAMEEP. Entre los nombres más relevantes, se pide investigar al por entonces titular del IAFEP, Mauricio Andión y María Laura Moreno por su presunta responsabilidad en la entrega de fondos y recursos a movimientos sociales que no reunían las condiciones mínimas para recibirlos. Cabe destacar que ambos se encuentran actualmente investigados por supuesta violación de los deberes de funcionarios públicos y partícipes necesarios del delito de fraude contra la administración pública. 

El veredicto del viernes también pidió investigar a los responsables de la Secretaría de Ordenamiento Territorial que en esa etapa tuvieran a su cargo la adjudicación de RUBH a Barraza y otras personas particulares en inmuebles ubicados en calle Ushuaia y pasaje Villa Carlos Paz, así como también "la omisión del control" de dichas construcciones. Lo mismo cabe para los titulares del IPDUV en el período 2022 y 2023.

Paradójicamente, en los puntos finales del veredicto, la justicia fija en 600.000 pesos los honorarios que Barraza le debe pagar al propio Galassi por su función como abogado defensor.