Condenaron a diez años de prisión al dirigente piquetero Carlos Barraza

De manera unánime, la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia condenó a Carlos Iván Barraza a diez años de prisión de cumplimiento efectivo, al considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios (arts. 174, inc. 5°, y 261 del Código Penal), en concurso real entre sí (art. 55 del Código Penal).

Asimismo, se le impuso la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos (art. 261 del Código Penal) y las accesorias legales correspondientes (art. 12 del C.P.), todo ello en el marco de la causa Nº 569/2024-1, con costas.

Además, ordenó al Equipo Fiscal de turno que investigue a otras personas por la presunta comisión de diversos delitos. Entre ellos, dispuso por ejemplo investigar por el presunto delito de falso testimonio a Gustavo Ariel Brites. También investigar al extitutlar del IAFEP, Carlos Mauricio Andión y a Laura Moreno la presunta responsabilidad en la disposición de fondos estatales durante los años 2022 y 2023 a personas o movimientos sociales que no reunían condiciones mínimas.

El tribunal estuvo integrado por las juezas Glenda Vidarte, Natalia Kuray y Julieta Dansey. Las partes fueron representadas por el fiscal de Cámara Sergio Cáceres Olivera y Daniel Vilchez como defensor particular y Sergio Funes querellante por el Estado. Por otro lado, se abrió una línea de investigación sobre posibles irregularidades en la entrega de lotes del programa RUBH y en obras realizadas en Villa Barberán, vinculadas a la Asociación Civil Humildad.

El tribunal dispuso analizar la actuación de exautoridades del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, ante sospechas de delitos y falta de controles durante 2022 y 2023. También como adelantó NORTE, el tribunal dispuso que se investigue a Juan Carlos Barraza por supuestas amenazas, coacciones e incumplimientos en sus funciones.

La Cámara también dispuso profundizar la investigación sobre el manejo y destino de fondos públicos recibidos por Romina Palacios y Walter Ramírez, junto con las organizaciones que representaban.

EL JUICIO

El debate comenzó en julio donde participaron 36 testigos, en su gran mayoría protegidos,  por lo que se desarrolló bajo estrictas medidas de confidencialidad para su resguardo. 

El fiscal de Cámara mantuvo su acusación inicial y solicitó diez años de prisión efectiva para el imputado. En este mismo sentido se expresó la querella. Mientras que la defensa solicitó la absolución de culpa o la pena mínima con el beneficio de prisión domiciliaria.

Por inasistencias, uso de vales y de vehículos 

Durante la lectura de la sentencia del tribunal de la Cámara Primera en lo Criminal, que fue transmitida por Youtube, la jueza Glenda Vidarte ordenó varias investigaciones en le marco de la causa principal que terminó con la condena de diez años para Carlos Ibán Barraza.

Vidarte, acompañada por sus pares Julieta Dansey y Natalia Kuray solicitó que se investigue presuntas irregularidades relacionadas con horas extras, asistencia, utilización de vehículos oficiales y consumo de vales de combustible, que habrían usufructuados algunos cercanos a Barraza.

Dicha solicitud recaerá en la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana (MUIT), y allí se analizará si efectivamente corresponde abrir una investigación penal. En caso de ser viable, se efectuará el sorteo de un fiscal o se dará lugar al Equipo Fiscal Especial a cargo de los delitos en la administración pública.

El desvío de fondos públicos 

Carlos Iván Barraza comenzó a ser juzgado desde julio y hasta ayer, donde se conoció la sentencia. Estaba acusado por los delitos de fraude en perjuicio de la administración público (treinta hechos), peculado de bienes y servicios (cuatro hechos), todo en concurso real.

Los fiscales Cáceres Olivera y Liliana Beatriz Irala acreditaron que, durante el período comprendido entre el año 2022 y diciembre de 2023, Barraza, en su carácter de presidente de la Asociación Civil "Humildad", se apoderó ilegítimamente de los fondos del erario público asignados a través del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep) y de Lotería Chaqueña, utilizando dichos recursos para beneficio personal.