Caso del piquetero Barraza: pidieron investigar a su padre
El juicio contra Carlos Iván Barraza, exprecandidato a intendente y fundador del Movimiento Trabajadores y Humildes, continúa su curso en la Cámara Primera en lo Criminal.
El dirigente piquetero enfrenta cargos por treinta hechos de fraude en perjuicio de la administración pública y cuatro de peculado de bienes y servicios, y por desviar alrededor de $200 millones. Desde enero de 2024 permanece detenido en el Complejo Penitenciario I de Villa Barberán.
La última audiencia, realizada esta semana, trajo una novedad significativa: el fiscal de Cámara Sergio Cáceres Olivera solicitó la intervención del Equipo Fiscal Especial (EFE) para investigar a Carlos Barraza padre, quien se desempeña en la empresa estatal Sameep. La medida se basa en testimonios reservados que surgieron durante el debate oral, los cuales apuntan a una posible participación del progenitor del imputado y otros familiares en maniobras irregulares. "También hay un clan en Sameep", aseguró una fuente a NORTE.
Además, el fiscal pidió al tribunal integrado por las juezas Glenda Vidarte, Julieta Dansey y Natalia Kurayque se libre oficio a Sameep para que inicie una investigación administrativa interna sobre el rol de Barraza padre en los hechos. La querella, en representación de la empresa estatal, está a cargo del abogado Sergio Funes, mientras que la defensa del acusado la ejerce el letrado Daniel Vilchez. El proceso judicial, que comenzó en julio, se desarrolla bajo estrictas medidas de confidencialidad debido a la participación de casi treinta testigos protegidos.
La acusación, encabezada por los fiscales Cáceres Olivera y Liliana Beatriz Irala, sostiene que entre 2022 y diciembre de 2023, Barraza, en su rol de presidente de la Asociación Civil "Humildad", se apropió de fondos públicos provenientes del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep) y de Lotería Chaqueña.
Estos recursos, destinados a programas sociales, habrían sido utilizados para fines personales y para financiar actividades del MTH. Uno de los ejes de la causa es un supuesto emprendimiento pesquero en Puerto Eva Perón, que habría funcionado como pantalla para canalizar fondos del Ministerio de Desarrollo Social. La investigación reveló que no existen registros de actividad comercial, ni evidencia de producción o venta de pescado.
En cambio, se detectaron movimientos financieros millonarios, contratos irregulares y vínculos con empresas sin capacidad operativa. Entre los bienes secuestrados durante los allanamientos figuran 48 bicicletas, juguetes, materiales escolares y una camioneta perteneciente a la Policía del Chaco, lo que refuerza la hipótesis de un uso discrecional de recursos estatales con fines personales o clientelares.
La próxima audiencia será el martes 14, a las 8, y se espera con expectativas ya que podrían aportar elementos determinantes para confirmar si se trató de una operación de lavado de dinero encubierta bajo el discurso del desarrollo local.
