Pidieron diez años de prisión para el piquetero Carlos Barraza

En paralelo que se juzga al clan Sena y sus cuatro colaboradores por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, pero ante un jurado popular, en la sede de avenida San Martín 66, otro de los dirigentes sociales que también rinde cuentas ante la Justicia escuchó los alegatos en su contra.

Carlos Iván Barraza, creador del Movimiento Trabajadores y Humildes y que se halla con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario I de Resistencia, está acusado de treinta hechos de fraude contra la administración pública y cuatro de peculado de bienes y servicios.

Pero, además, el fiscal de la Cámara, Sergio Cáceres Olivera ha pedido que se investigue al padre del imputado, también llamado Carlos y quien se desempeña en Sameep, empresa estatal de agua y donde Barraza habría cometido varios ilícitos, aprovechando su condición de jefe del Pozo 6, y por lo que fue cesanteado.

Antes, las juezas Glenda Vidarte, Natalia Kuray y Julieta Dansey, se escucharon los alegatos, y en este punto, el fiscal Cáceres Olivera, y el abogado querellante por el Estado, Sergio Funes, pidieron diez años de prisión, pudo confirmar NORTE.

Daniel Vilchez, defensor de Barraza, se inclinó por la absolución, o en su defecto la pena mínima con el beneficio de la domiciliaria. En cuanto a la lectura del fallo, se estableció para el 1 de diciembre a las 8. Los fundamentos se dispondrán antes de la feria judicial.

Por otro lado, durante las audiencias, se solicitó la detención de un testigo por falso testimonio, quien quedó a disposición de la fiscal Ana González de Pacce.

Programas sociales, viviendas y otras asistencias sin destinos

El proceso judicial, que comenzó en julio, se desarrolló bajo estrictas medidas de confidencialidad debido a la participación de casi treinta testigos protegidos.

La acusación, encabezada por los fiscales Sergio Cáceres Olivera y Liliana Beatriz Irala, sostiene que entre 2022 y diciembre de 2023, Barraza, en su rol de presidente de la Asociación Civil "Humildad", se apropió de fondos públicos provenientes del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep) y de Lotería Chaqueña.

Los recursos de programas sociales, habrían sido utilizados para fines personales y para financiar actividades del MTH. Uno de los ejes de la causa es un supuesto emprendimiento pesquero en Puerto Eva Perón, que habría funcionado como pantalla para canalizar fondos del Ministerio de Desarrollo Social. La investigación reveló que no existen registros de actividad comercial, ni evidencia de producción o venta de pescado.

Niños sin bicicletas y otros regalos

En cambio, se detectaron movimientos financieros millonarios, contratos irregulares y vínculos con empresas sin capacidad operativa. Entre los bienes secuestrados durante los allanamientos figuran 48 bicicletas, juguetes, materiales escolares y una camioneta perteneciente a la Policía del Chaco, lo que refuerza la hipótesis de un uso discrecional de recursos estatales con fines personales o clientelares.