La Corte define la extradición y Milei tendrá la última palabra

   Machado fue detenido en abril de 2021, acusado por el Distrito Este de Texas de integrar una red que traficaba cocaína desde América Latina hacia EEUU y de liderar un esquema Ponzi con la compraventa ficticia de aeronaves ejecutivas. Según el Departamento de Justicia estadounidense, desde Florida manejaba las empresas South Aviation y Pampa Aircraft Financing, usadas para registrar aviones que los cárteles latinoamericanos empleaban para transportar droga. También defraudó a inversionistas por más de u$s 250 millones.

   Los fiscales lo señalan como parte del expediente "United States vs. Mercer-Erwin et al.", junto a Debra Lynn Mercer-Erwin —ya condenada a 16 años de prisión—, su hija Kayleigh Moffett y el mexicano Carlos Rocha Villaurrutia. Machado, en cambio, aún no fue juzgado: EEUU espera su extradición para iniciar el proceso, donde podría recibir cadena perpetua.

   En la Argentina, el caso quedó bajo la órbita del juez federal Gustavo Villanueva, quien en abril de 2022 declaró procedente la extradición. En un fallo de 48 páginas, confirmó la doble incriminación de los delitos —tráfico de drogas, lavado y fraude electrónico—, descartó su carácter político o militar y garantizó que Machado solo podrá ser juzgado por esos cargos. Por motivos médicos, el empresario continúa bajo arresto domiciliario en su finca "La Gringa", en las afueras de Viedma, Río Negro, donde vive junto a su madre y su hermana, ambas designadas como guardadoras legales.

   El abogado Francisco Onetto —quien también asesora a Milei— logró dilatar el proceso recurriendo a un tecnicismo que obligó a la Cancillería a consultar nuevamente a Washington si el pedido de extradición seguía vigente. La respuesta fue afirmativa. Por su vínculo con el presidente, Onetto debería mantenerse al margen de la decisión final, aunque su intervención inicial generó suspicacias en la política y el ámbito judicial.

   La definición ahora está en manos de la Corte Suprema. Una vez que el máximo tribunal ratifique la legalidad del pedido, el expediente pasará a la Casa Rosada. Según el procedimiento, el Poder Ejecutivo —en este caso Milei— tiene la última palabra para autorizar o denegar la entrega.

   En el entorno presidencial se menciona como posibles consejeros a Mariano Cúneo Libarona, Paul Starc y Alejandro Fargosi, mientras que colaboradores administrativos como Santiago Castro Videla y María Ibarzábal Murphy siguen el tema desde un segundo plano.

   El caso genera incomodidad política: la ministra Patricia Bullrich sigue de cerca la evolución del expediente, preocupada por su impacto electoral, y en Río Negro se multiplican los cuestionamientos por presuntos contratos vinculados a familiares de Machado.

   A pocos días de definirse la extradición, el futuro de "Fred" Machado depende de un equilibrio delicado entre la justicia, la diplomacia y la política. Lo que diga ante los tribunales de Texas podría tener consecuencias que trasciendan las fronteras argentinas.