Milei vetó las leyes que aumentaban jubilaciones y fondos para discapacidad

   El presidente Javier Milei firmó los vetos a las leyes aprobadas por el Congreso que establecían un aumento en las jubilaciones y declaraban la emergencia en discapacidad. Ambos vetos se publicarán en el Boletín Oficial este lunes.

   La estrategia del Gobierno fue demorar la oficialización del veto mientras cerraba acuerdos con gobernadores y buscaba respaldo legislativo para evitar una derrota parlamentaria. Para sostener su postura en Diputados, la Casa Rosada activó negociaciones con aliados y mandatarios provinciales, ofreciendo Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y sellando acuerdos con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

   Como parte de esta movida política, cinco diputados radicales —Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero— se sumaron recientemente al bloque oficialista La Libertad Avanza. Además, el Ejecutivo intenta consolidar alianzas con el PRO y otros espacios federales.

   La mesa política liderada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también incluye a Lisandro Catalán (Interior), Martín Menem (presidente de Diputados) y Eduardo "Lule" Menem. Este equipo mantuvo reuniones con al menos siete gobernadores: Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Con algunos de ellos, el Gobierno acordó frentes electorales conjuntos; con otros, competir por separado para debilitar al peronismo local.

   En paralelo, el oficialismo dejó claro que no avalará cambios en la recaudación del impuesto a los combustibles. Sólo considera ceder el porcentaje asignado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), mientras negocia de manera individual con cada provincia la cancelación de deudas y el envío de fondos discrecionales.

   Desde la Casa Rosada argumentan que la sesión del Senado en la que se aprobaron las leyes fue inválida. Por ello, anticipan que judicializarán la cuestión si el Congreso rechaza los vetos. La estrategia legal fue diseñada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.

    "No vamos a promulgar ninguna ley que implique un aumento del gasto si no nos dan la razón. Los fondos no se van a gastar", insisten fuentes oficiales. El objetivo es claro: evitar cualquier erogación presupuestaria que ponga en riesgo el cumplimiento del plan de ajuste y el déficit cero.

   Este es el segundo veto presidencial a un aumento jubilatorio durante la gestión de Milei. Ambos documentos fueron firmados el viernes por la noche, y no serán tratados en la próxima sesión de Diputados, prevista para el 6 de agosto. Ese día, la oposición buscará avanzar con otros proyectos, como el financiamiento a universidades públicas y el fortalecimiento del sistema de salud pediátrica.

Las leyes vetadas:

• Ley de Movilidad Jubilatoria: proponía una fórmula que combinaba inflación y aumentos salariales, con un piso mínimo de incremento mensual. Su objetivo era reemplazar el sistema actual de actualizaciones por decreto.

• Emergencia en Discapacidad: impulsada ante la discontinuidad de pagos y servicios, buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral para personas con discapacidad.

   A diferencia de la rebaja de aranceles al campo, que tiene un costo fiscal de u$s 1.500 millones este año, el Gobierno sostiene que Movilidad Jubilatoria y Emergencia en Discapacidad son "fiscalmente inviables" y contradicen los principios del ajuste estructural impulsado por la administración libertaria.