El Gobierno flexibiliza la importación de pilas y baterías

   A través del Decreto 431/2025, publicado en el Boletín Oficial, se eliminan exigencias técnicas locales, permitiendo que productos con certificaciones extranjeras reconocidas ingresen al país sin necesidad de ser revisados por organismos nacionales.

   La medida, en línea con la política general de desregulación y apertura comercial, busca reducir tiempos y costos para los importadores. Así, ya no será obligatorio pasar por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que hasta ahora era el único habilitado para emitir certificados técnicos. El nuevo esquema asigna las funciones de control a dos organismos: la Secretaría de Industria y Comercio (para cuestiones técnicas) y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes (para cuestiones ambientales).

   El decreto modifica los artículos 4°, 6° y 7° de la Ley 26.184, y deroga el artículo 8°, que centralizaba las certificaciones técnicas en el INTI. Aunque la intención oficial es reducir la "duplicación de certificaciones" y facilitar el ingreso de tecnología, el cambio ha generado preocupación por la posible falta de controles rigurosos.

   La reforma se enmarca en los principios de la Ley Bases n.° 27.742 y el DNU 70/2023, que debilitaron las facultades del Estado en materia de comercio exterior y organismos técnicos. Según el Ejecutivo, la flexibilización permitirá evitar el aislamiento tecnológico del país y ampliar la oferta de productos modernos en el mercado.

Peligros

   Sin embargo, expertos en control ambiental y seguridad eléctrica alertan sobre los riesgos de validar productos sin una evaluación local. Pilas y baterías pueden contener metales pesados y materiales inflamables, y si no cumplen con estándares de seguridad, pueden representar un peligro para la salud y el ambiente.

   Todavía no se definió oficialmente qué organismos internacionales serán aceptados para emitir certificados. Hasta que se reglamente este punto, se mantendrá vigente el régimen anterior. También falta claridad sobre qué mecanismos de fiscalización tendrá el Estado para detectar productos defectuosos o certificados irregulares tras el ingreso.

   Para los consumidores, la medida podría traer precios más accesibles y una mayor variedad de productos, como pilas AA, AAA y baterías recargables. Pero también existe el riesgo de menor durabilidad o productos defectuosos sin un sistema sólido de control.

   En el plano industrial, la reforma podría afectar a fabricantes locales, al enfrentar una competencia importada más barata y con menores trabas técnicas. Sin políticas de apoyo al sector, esto podría dañar la producción nacional.

   El nuevo marco refleja la orientación desreguladora del gobierno de Javier Milei: reducir costos, achicar el Estado y liberalizar el comercio. No obstante, sin un sistema de control eficiente, los beneficios de la apertura pueden verse opacados por fallas de seguridad, impactos ambientales y perjuicios a la industria local.