Desregulación o impericia
Comunicado de la Cámara del Norte de Talleres de Revisión Técnica en relación al decreto 196/2025.
En mi carácter de presidente de los Talleres de Revisión Técnica Vehicular que gira bajo el nombre de CTNRTO, quiero expresar mi más enérgico rechazo al decreto 196/2025 emitido por el gobierno nacional, el cual introduce modificaciones inquietantes y distorsivas del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que bajo la excusa de la libertad del mercado y la desburocratización de la economía, ponen en realidad en grave peligro la seguridad vial y generan una competencia desleal en el sector.
Este decreto, impulsado sin el debido sustento técnico, extiende de manera arbitraria los plazos entre inspecciones -sin advertir que es el uso del automotor y la activada a la que se encuentra afectado el vehículo la que determina la necesidad de un análisis más acotado en el tiempo, violando la norma que pretende interpretar, la cual exige mayor rigurosidad en este aspecto y no lo contrario-, debilitando el control vehicular efectivo. La extensión de los plazos de la RTO sin un análisis técnico adecuado aumentará la circulación de vehículos en condiciones inseguras, lo que, inevitablemente, elevará la cantidad de accidentes viales con consecuencias fatales.
Abre la puerta a que concesionarios, importadores y talleres mecánicos realicen revisiones técnicas, violando el contralor independiente e imparcial que hoy rige en el sistema, lo que convierte al comercializador en juez y parte de la actividad, lo que por sí solo ya es grave. Esto representa un claro conflicto de intereses que atenta contra la imparcialidad y la transparencia del sistema de control vehicular en nuestro país. Al permitirse que las revisiones sean realizadas por establecimientos vinculados directamente con la venta y mantenimiento de vehículos, se vulnera la independencia y objetividad del sistema de inspección, dejando de lado la objetividad del servicio público en aras del mercado.
Al contrario de lo establecido por el decreto en ciernes, ¿van a poder los socios de nuestra Cámara, cuya única y exclusiva actividad es realizar revisiones técnicas, tal cual lo establece la ley, hacer cambios de aceite, reparación de frenos y vender repuestos también? Reitero, violando el espíritu de la ley nacional y la imposición reglamentaria vigente del gobierno, hecho que obligo a nuestro estatuto societario a plasmar como objeto social como ÚNICA ACTIVIDAD la de revisión técnica, para poder funcionar como tal y prestar efectivamente el servicio. No se puede priorizar la desregulación y la reducción de costos sobre la vida de los ciudadanos. Resulta menester destacar que el sistema que llevo más de 30 años en establecer, mejorar y dejar en pleno funcionamiento, que está regido por más de 900 normas, que nunca recibió ningún subsidio gubernamental y que en el interior del país está establecido por mini pymes, inversiones privadas que tienen auditorias semanales de parte del gobierno nacional.
NO EXISTE NINGÚN OTRO SISTEMA CON ESTE TIPO DE REGULACIÓN, es más, ¿se imagina Sr. presidente, si todos los organismos públicos fueran auditados semanalmente, cuántos robos y casta se pudiera haber evitado? La revisión vehicular debe estar en manos de entidades especializadas e imparciales, con los más altos estándares de calidad y seguridad. Asimismo, la centralización de la información a nivel nacional, sin una estrategia clara para su implementación en cada provincia, genera inconsistencias y desigualdades en la aplicación de las normativas. Cada jurisdicción tiene capacidades distintas para fiscalizar el cumplimiento de las regulaciones, lo que puede llevar a un sistema de control deficiente y desorganizado. Desde nuestra Cámara de Talleres de Revisión Técnica advertimos tanto al gobierno nacional como al provincial que estamos dispuestos a llevar adelante acciones legales para evitar los efectos nocivos tanto práctico como legales que surgen con este decreto, el cual atenta contra la seguridad vial, la estabilidad del sector y el despido masivo de empleados.
No permitiremos que una normativa sin fundamento técnico, y en beneficio de las grandes empresas, ponga en riesgo la vida de los ciudadanos y genere un escenario de competencia desleal que perjudique a los talleres oficiales de RTO. Instamos a las autoridades a revisar de inmediato esta medida y a garantizar un sistema de control vehicular transparente, independiente y alineado con los más altos estándares internacionales.
La seguridad vial NO ES NEGOCIABLE y debe ser una prioridad para todos los niveles de gobierno.
Miguel Alberto Rodríguez Márcico – DNI 10.850.381
