Alerta por posibles despidos y cierre de sucursales del Santander

   El gremio de La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, se encuentra en estado de alerta ante los movimientos del Banco Santander, al que acusa de avanzar con despidos encubiertos y el cierre o traslado de sucursales. Según denuncias sindicales, este proceso afecta especialmente al personal que no accede a los traslados y termina cesanteado bajo la figura de "retiros voluntarios".

   El consejo directivo del sindicato convocará a una reunión para la semana próxima. Entre los temas a tratar figuran el análisis del decreto 340/25, que limita el derecho a huelga incluyendo al sector bancario, y la situación específica del Santander, donde ya se declaró el estado de alerta y movilización.

   Tras recibir el informe de la comisión interna del banco, La Bancaria evalúa profundizar su plan de lucha, que podría incluir campañas callejeras y asambleas en los lugares de trabajo, con el objetivo de visibilizar el conflicto laboral.

Cambios tecnológicos y despidos en el sector

   Desde la pandemia, el gremio advierte sobre un ajuste progresivo del personal bancario, acompañado por la incorporación de trabajadores bajo convenios distintos al colectivo específico de los bancarios, como el de empleados de Comercio, lo que implica un proceso de precarización laboral.

   En cuanto al Santander, la entidad contaba con unas 408 sucursales hace unos años, mientras que actualmente opera en poco más de 300. Esta reducción forma parte de una reestructuración global que también impactó en otros países, como Uruguay, donde se registraron protestas similares.

   Voceros del banco aseguraron estar "abierto al diálogo" y atribuyeron las tensiones a diferencias con la comisión interna respecto a las reformas estructurales necesarias para modernizar la operación y mejorar la atención al cliente mediante avances tecnológicos.

Rechazo al decreto antihuelga

   Por otro lado, Sergio Palazzo criticó duramente al gobierno por lo que calificó como un "nuevo intento autoritario" de limitar el derecho de huelga. Señaló que esta medida fue introducida dentro de un decreto relacionado con la Marina Mercante y recordó que una maniobra similar (el decreto 70) fue anulada por la Justicia.

   "El objetivo es provocar y condicionar a los trabajadores cada vez que se plantea una medida de fuerza", afirmó Palazzo, quien también anticipó que el movimiento obrero está dispuesto a responder con paros y movilizaciones si es necesario.

   Aunque la CGT ha mostrado cierta coordinación en defensa del derecho a protesta, Palazzo destacó que la decisión de actuar corresponde al conjunto del movimiento obrero, y dejó en claro: "Una nueva medida de fuerza no está descartada".