Un mazazo en plena campaña

Desde que estallara el Caso Cecilia, en junio de 2023, con toda la ropa sucia del Clan Sena sacada a la luz del día, esos vínculos no dejaron de ser una fuente constante de escándalos y revelaciones que fueron (y siguen) expandiendo la capacidad de asombro de la ciudadanía.

Después de la caída de Sena, llegó la denuncia por abuso sexual contra Quintín Gómez y siguieron nuevas causas contra dirigentes "sociales" que repetían un mismo esquema: funcionarios regalones que les asignaban cientos de millones sin ninguna constatación real de las obras y contraprestaciones que en teoría debían realizar los destinatarios de esos recursos. Una formidable metida de mano en la lata con el verso de la "inclusión" y la "generación de empleo". Los líderes piqueteros se llenaban de dólares, inmuebles y camionetas, mientras las familias que decían representar seguían tan pobres como siempre, convertidas en ganado que se llevaba de aquí para allá, en función de las necesidades políticas del peronismo o de las aspiraciones facturadoras de sus capataces.

Tito López marcó otro hito. No tuvo empacho en reconocer en una entrevista radial (con Gustavo Olivello, del programa Alerta Urbana) un patrimonio de 1.600 millones de pesos. Eran, al momento en que lo dijo, más de dos millones de dólares. Apenas un par de décadas después de que López fuera uno de los tantos "carreros" de Resistencia. La gestión kirchnerista les cambió la vida a él y a su núcleo familiar. Miles de hectáreas de tierras fiscales, cabezas de ganado, campos, casas, vehículos. Ayer, en un audio grabado desde el lugar de reclusión en el que se encuentra por supuesto lavado de activos, dijo que a su patrimonio se lo ganó trabajando y que es víctima de una conspiración global que incluye, entre otros, al fiscal federal Patricio Sabadini y a este diario.

FAJOS Y VIDEOS

Semanas atrás, en el arranque de la campaña rumbo a los comicios de mayo, se sumó un requerimiento del fiscal federal Carlos Amad, de Sáenz Peña, por supuestas maniobras fraudulentas con tierras fiscales y presunto lavado de activos, con un listado de exfuncionarios sujetos a investigación que incluye al propio Capitanich. El PJ volvió a decir que es una operación política tejida en los tribunales.

Pero sin dudas que el golpe más duro en lo que va del año, por el impacto de las imágenes difundidas y lo reciente de las novedades, es el avance en la pesquisa penal federal contra otro grupo piquetero, cuyo principal referente es Fernando Adrián Ayala. El caso ya había estallado tiempo atrás (y NORTE fue el primer medio en revelarlo), pero ahora sumó la espectacularidad de varios videos (tomados por las cámaras de seguridad de los involucrados) en los que Ayala y colaboradores suyos aparecen manipulando una gran cantidad de fajos de billetes, en algunos momentos ayudados por menores de edad, hijos del jefe de este clan. La lujosa vivienda en la que se desarrollan esas escenas no tardó en ser bautizada como "La Rosadita chaqueña", en memoria de aquella cueva de Puerto Madero en la que la muchachada de Lázaro Báez contaba millones provenientes de los negociados con obra pública que bendecían Néstor y Cristina. Las imágenes recorrieron los medios de todo el país. 

CAMBIO DE LÍNEA

Las derivaciones actuales de la investigación que empuja Sabadini cayeron como un mazazo sobre la campaña de Capitanich, que en el debate del miércoles había esquivado todos los intentos de Julio Ferro (el primer hombre de la lista radical-libertaria) de forzarlo a hablar de los escándalos de corrupción de la gestión del PJ. El oficialismo presume que es una naranja de la cual puede seguir sacando jugo.  

El misil del jueves desarticuló la táctica peronista de no hablar de esas investigaciones y de tratar de poner por delante los descomunales aumentos en las boletas del servicio eléctrico provincial. El impacto que tuvo la difusión de la intimidad de la "Rosadita" local obligó a modificar el libreto, y el viernes el justicialismo difundió primero  un comunicado denunciando una campaña de "fake news" contra su líder. Horas después, el propio Capitanich posteó en sus redes sociales un texto en el que atribuye el caso y su tratamiento en medios y redes a un plan de demolición de su imagen motorizado por la gestión de Leandro Zdero.

La preocupación del exgobernador tiene motivaciones sólidas. Este nuevo episodio relacionado con el piqueterismo de alta gama refuerza la sospecha de que todas las tramas conocidas hasta aquí no se dieron con rasgos casi idénticos por simple casualidad. Es difícil verlo de otro modo, cuando se desnuda una y otra vez todo un modus operandi que repite fórmulas: organizaciones "sociales" que enmascaraban el robo al Estado mediante cooperativas y fundaciones truchas que ofrecían servicios de todo tipo pero curiosamente no poseían empleados, a veces hasta receptoras de bienes públicos en pos de fines comunitarios que no existían y que nadie se ocupaba de certificar, más una constante protección política. 

A MEDIDA

La duda ahora es qué tanto influirá todo esto en los electores chaqueños dentro de dos domingos. ¿Habrá un "voto moral", que vuelva a castigar (como en 2023) la corrupción de la era kirchnerista en la provincia? ¿O primará la bronca por los efectos del ajuste económico, que entre sus emblemas tiene al boletazo eléctrico? Imposible de saber, porque lo ocurrido dos años atrás en el país demostró que hay una amplia franja de electores independientes que puede mecerse de manera impredecible.

La autodefensa peronista es que todo lo que estamos viendo es parte de un gran plan de destrucción de los proyectos políticos populares. No hay dudas de que los escándalos le vienen como anillos al dedo a la campaña de Zdero, pero tampoco las hay acerca de que aquí nadie está inventando nada. Los hechos hablan por sí mismos, y muelen la habitual teoría de los "casos aislados". También permiten preguntarse: en los años en que todo aquello sucedía, ¿nadie en la Casa de Gobierno supo lo que pasaba? ¿Nadie veía lo que veía todo el mundo? ¿El desfalco era un efecto no deseado del proyecto o era una de sus partes esenciales?

Entre los resultados de lo ocurrido está que toda una camada de delincuentes disfrazados de luchadores populares dañó el crédito de dirigentes y militantes de organizaciones que sí pelean contra la exclusión y el hambre, que los hay. Otra consecuencia es que le permite al gobierno actual pregonar una ayuda social "sin intermediarios" pero absolutamente insuficiente. Por ejemplo, las cajas de alimentos del programa Ñachec, que llegan a miles de familias, contienen una cantidad de artículos que un hogar promedio agota en una semana o menos. 

Terminar con los avivados que convirtieron la miseria en un negocio personal ultra próspero no puede ser todo. Ese objetivo no debiera estar motivado por conveniencias políticas o electorales. Pierde valor si al final los más sumergidos en la miseria continúan quedando a solas con su drama. Tal como les sucedía cuando los representaban unos señores que se disfrazaban de pobres para poder volverse ricos.