Paro en los peajes ante el riesgo de 500 despidos por el fin de una concesión

   Según denunció el gremio, unos 500 trabajadores podrían quedar sin empleo tras el vencimiento del contrato el próximo 8 de abril, en un contexto de incertidumbre y falta de respuestas por parte del Gobierno nacional.

   La medida de fuerza afecta estaciones clave como Yeruá (Concordia), Piedritas (Corrientes), Colonia Elía (Concepción del Uruguay) y Zárate (Buenos Aires), entre otras. Según el sindicato, la situación se agrava día a día, ya que no hay garantías sobre la continuidad laboral del personal.

Propuestas ignoradas y malestar con Vialidad Nacional

   Desde SUTPA afirman que existen alternativas para evitar el conflicto, como la prórroga de la concesión a CRUSA hasta que se adjudique una nueva empresa, o el traspaso temporal de los trabajadores a la firma estatal Corredores Viales durante el proceso licitatorio. Sin embargo, acusan a Vialidad Nacional de no mostrar voluntad política para avanzar en ninguna de esas opciones.

   Florencia Cañabate, secretaria general del gremio, criticó duramente al organismo estatal: "Es inadmisible que pretendan dejar en manos de los responsables del abandono de las rutas un corredor fundamental para el comercio internacional, sin plan ni garantías de continuidad".

Impacto en los usuarios y las economías regionales

   La organización sindical advirtió que la finalización del contrato no solo pone en riesgo los puestos de trabajo, sino también **la seguridad de miles de usuarios** que transitan diariamente por esas rutas, clave para la conexión terrestre con el Mercosur. "La caída de esta concesión implicaría la pérdida de servicios esenciales como grúas, mantenimiento, iluminación y corte de pasto. Las provincias ya adelantaron que no cuentan con presupuesto para hacerse cargo", alertaron.

   Además, SUTPA denuncia un deterioro generalizado del sistema vial argentino y remarca que las rutas "están a la deriva desde hace varios años". En ese sentido, apuntan también al "atraso tarifario del 300%" que afecta a las empresas desde 2018 y que, según aseguran, frena inversiones necesarias en infraestructura vial.

Un reclamo que va más allá del conflicto laboral

    "Nuestro rol no es discutir si la administración debe ser pública o privada, sino defender los puestos de trabajo y garantizar un servicio digno para los usuarios", afirmó Cañabate. También se preguntó: "¿Qué oferentes van a querer invertir si no tienen asegurada una tarifa? ¿Qué solución piensa ofrecer el gobierno a quienes sufren el deterioro de las rutas?".

   Para el sindicato, el Estado nacional subestima el impacto de no resolver esta situación: "Exigimos respuestas urgentes. Dejen de jugar con el futuro de cientos de familias y con la seguridad vial de todo un país".