Cuestionan los peajes y la falta de obras en la Ruta 11: "Pagamos para matarnos"

El ingeniero Ricardo Lasca, titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), criticó el nuevo esquema de licitaciones impulsado por el Ejecutivo nacional para las rutas concesionadas y puso como ejemplo la situación de la Ruta Nacional 11.

En declaraciones sobre el sistema de concesiones, sostuvo que los contratos no contemplan obras estructurales y se limitan principalmente a tareas de mantenimiento, como corte de pasto y bacheo, pese al cobro de nuevas tarifas de peaje. Además, cuestionó el argumento oficial de que las nuevas concesiones permitirán mejorar la infraestructura vial mediante capitales privados.

Ruta 11: "solo prevén un maquillaje"

Al referirse específicamente a la Ruta 11, Lasca cuestionó que el nuevo esquema no contemple ampliaciones de la infraestructura, como autopistas o vías multitrocha. Según explicó, para un corredor de aproximadamente 500 kilómetros se prevén cinco estaciones de cobro, debido al criterio de instalar peajes cada 90 kilómetros.

El titular del CONADUV también puso el foco en el impacto que las tarifas tendrán sobre el transporte de cargas. Señaló que, aunque los valores difundidos suelen referirse a vehículos livianos, los camiones pagan de acuerdo con la cantidad de ejes, por lo que un transporte de hasta ocho ejes podría afrontar montos significativamente mayores en cada estación. Según sus cálculos, un viaje de ida y vuelta por la Ruta 11 podría representar cerca de $40 millones anuales en concepto de peajes para un transporte de carga.

Un falso peaje

Lasca sostuvo que el sistema previsto no reúne las condiciones que, a su criterio, debería tener un peaje. Explicó que el cobro debería aplicarse para recuperar la inversión realizada en una obra terminada, mediante una tarifa razonable y con la existencia de un camino alternativo libre de pago. "En nuestro país se aplica un sistema inédito en el mundo de falso peaje porque esas rutas existentes fueron pagadas con estos impuestos y no tienen camino alternativo", afirmó. En ese sentido, calificó al esquema como un "impuesto a la circulación" y sostuvo que los costos del transporte terminan trasladándose a los precios.

También planteó que existe una doble imposición debido a que los combustibles ya incluyen impuestos destinados legalmente al mantenimiento vial. "Por ley el impuesto a los combustibles debe ir al mantenimiento de las rutas", señaló.

"Pagamos para matarnos"

El referente del CONADUV resumió su posición con una frase que, según planteó, refleja el problema central del sistema: "Pagamos para matarnos". Lasca vinculó el cobro de los peajes con las condiciones de seguridad vial y cuestionó que los usuarios paguen por circular mientras, según sus declaraciones, las concesiones no garantizan obras capaces de transformar estructuralmente las rutas.

"Ni siquiera nos brindan un servicio adecuado. Hay más de 4.000 muertos por año y 100.000 heridos en siniestros viales", afirmó. En ese marco, sostuvo que la infraestructura vial y las concesiones deberían ser consideradas una política de Estado y cuestionó que el Estado nacional se desentienda del mantenimiento de la red vial.

Lasca también afirmó que el CONADUV ya presentó acciones judiciales contra el esquema y mencionó denuncias penales vinculadas con el manejo de fondos destinados a la infraestructura vial. Además, reclamó la participación de los usuarios en las decisiones sobre las concesiones y sostuvo que debería existir un marco regulatorio y un ente que contemple esa representación. "Los caminos son de dominio público, no son propiedad de un presidente ni de un gobernador, son de todos nosotros", sostuvo.