Pedido de asesoría y salud, los motivos por los que más usan el teléfono los detenidos   

En relación con la polémica por el uso que las personas privadas de la libertad les dan a sus dispositivos móviles, el Comité de Prevención de la Tortura  informó que la mayoría de los llamados realizados desde comisarías y establecimientos penitenciarios en 2024 y 2025 se relacionan con pedidos de acceso a la salud, asesoramiento legal y denuncias por abusos intramuros.

Según los registros del Área de Intervención Temprana, durante 2024 se registraron 907 llamados, con una larga lista de motivos, entre los más mencionados están por asesoramiento, el 22,5 %, y por acceso a la salud, 20,4 %.

En similares porcentajes se encuentran: averiguación de paradero, 8 %; condiciones de alojamiento, 7,5 %; abuso de poder, 7 %; y contacto con defensa, 7 %.

Les siguen tratos crueles, 5,5 %; tortura, 4,5 % y acceso a vinculación familiar, 4 %.

En las últimas posiciones se encuentran los puntos: hostigamiento / discriminación, 3 %; conflicto entre internos, 2 %; resguardo de integridad, 2 %; acceso a la comunicación, 2 %; traslados dentro de la unidad, 1 %; designación de defensor, 1 %; robo de pertenencias, 0,5 %; requisas vejatorias, 0,5 %; acceso a la educación, 0,5 %; y acoso sexual, 0,1 %.

Mientras que en lo que va de 2025 se registraron 201 llamados, con mayoría de requerimientos por asesoramiento en el 29 % de los casos y por acceso a la salud, en el 12,3 %. 

Los siguientes motivos son condiciones de alojamiento, en el 9,5 %; abuso de poder, 8,25 %; averiguación de paradero, 8 %; contacto con su defensa, 7,35 %. 

Entre las motivaciones de importancia continúan las denuncias por tratos crueles, 5 %; hostigamiento / discriminación, 4,5 %;  conflicto entre internos, 4,5 %; situciones de tortura: 2,75 % y cuestiones relacionadas con el acceso a vinculación familiar, 2,45 %. 

La lista de llamados finaliza con: resguardo de integridad, 1,25 %; acceso a la comunicación, 1,25 %; traslados dentro de la unidad, 0,9 %; suicidio, 0,9 %; robo de pertenencias, 0,9 %; designación de defensor, 0,6 %; requisas vejatorias, 0,3 %; y acceso a la educación: 0,3 %.