Sostienen que la ley que restringe el uso de celulares en cárceles es inconstitucional

La Defensoría General Adjunta y el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentaron un hábeas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia con el objetivo de frenar la restricción del uso de celulares e internet en centros de detención de la provincia.

Según los organismos, la medida impuesta por el gobierno provincial agrava las condiciones de encierro y atenta contra derechos fundamentales de los internos.

Los argumentos

En el texto presentado por el Comité y la Defensoría se impulsa una declaración de inconstitucionalidad a la Ley 4033-J, que regula esta limitación, y una medida cautelar que suspenda su aplicación.

En los argumentos se señala que la decisión "podrá ser útil para calmar las múltiples demandas de la sociedad con una política punitivista, pero es una falsa solución".

Derechos esenciales

En la argumentación se señala que la restricción es desproporcionada y vulnera derechos esenciales de las personas privadas de libertad como la comunicación con familiares, el acceso a la educación y la posibilidad de resocialización.

"La utilización de celulares por reclusos se vincula con estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta al derecho a la comunicación, la dignidad de las personas privadas de libertad y la reinserción social", indican.

Beneficios

Los dos organismos enfatizan en la importancia de garantizar el acceso a la comunicación, como ocurrido desde el inicio de la pandemia por Covid-19.

"El uso de estos dispositivos contribuyó en gran medida a fortalecer los vínculos familiares, prevenir casos de torturas y malos tratos, y permitir el acceso a justicia, salud, educación y trabajo", destacan.

En la presentación firmada por la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, y la presidenta del Comité, Bashé Charole también advierten sobre el impacto negativo de la restricción, que podría revivir el uso clandestino de celulares, sin control estatal.

"La falta de un sistema acorde hace que los propios funcionarios penitenciarios se conviertan en gestores del acceso clandestino a celulares, lo que agrava la corrupción institucional", enfatizan.