El 40 % de los reclusos consultados admitió unintento de suicidio en el primer mes de encierro

La vicepresidenta del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó una parte de los resultados de una extensa encuesta realizada junto con el Programa de Litigio y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral. Romina Duarte explicó a NORTE que el relevamiento de 2022 y 2023 que alcanzó a 264 personas, representa a 21% de la población carcelaria provincial.

Uno de los aspectos sobre los que se indagó fue sobre salud mental y riesgo suicida en contextos de encierro. El estudio arrojó que el 3% de las personas consultadas reconoció haber intentado suicidarse, y de ese 3%, el 40% dice que lo hizo tres veces.

Para los investigadores podrían ser más, debido a que es algo a ocultar por tratarse de una situación íntima y sensible. "Contar un intento de suicidio a un desconocido es complejo", reparó la funcionaria.

CON HERRAMIENTAS

En relación con la forma en que se obtuvo ese dato estadístico, admitió que fue complejo, sobre todo si la persona que está encuestando no cuenta con herramientas para un abordaje acorde. "Sin una formación con los estándares internacionales y en la ley de salud mental, es difícil que alguien cuente una situación de esas características".

Otro de los datos preocupantes de la muestra revela que el 40% de quienes dijeron haber intentado quitarse la vida lo hicieron durante el primer mes de detención. Duarte señala que ese pico temprano se vincula con la falta de evaluaciones médicas y psicológicas en el ingreso, la superpoblación carcelaria y la permanencia de personas condenadas en comisarías, donde muchas veces no se analizan historiales clínicos ni se realiza un seguimiento especializado.

BAJO CUSTODIA

La abogada también recordó que para ese tipo de situaciones hay organismos internacionales de Derechos Humanos y el Protocolo de Minnesota que responsabilizan a los Estados como garantes de la integridad física y psicológica de la población carcelaria. En ese contexto, cualquier muerte en prisión se considera "muerte bajo custodia", y corresponde al Estado demostrar que hizo todo lo posible para prevenirla.