Bullrich crea una unidad de espionaje encubierto bajo su mando

  Esta nueva división estará destinada a investigaciones de delitos complejos, con facultades para realizar operaciones tanto físicas como digitales, pero con cuestionamientos respecto a los límites legales y la supervisión de su actividad.  

Identidades ficticias    

   La resolución detalla que los agentes encubiertos contarán con perfiles falsos, hojas de vida fabricadas y un historial ficticio en redes sociales para respaldar sus operaciones. Sin embargo, no establece con claridad cómo se regulará su actividad ni qué mecanismos de control se implementarán para evitar abusos.  

   Aunque la norma menciona que la Unidad informará al Poder Judicial sobre los agentes destinados a operar encubiertos, no especifica si estos deberán actuar bajo supervisión judicial directa, un punto que genera dudas sobre el marco de legalidad de sus acciones.  

Figuras polémicas 

   La directora de esta nueva agencia será Graciela Kowalewsky, quien reportará a la Unidad de Gabinete de Asesores del ministerio, dirigida por Carlos Manfroni. Este último es un abogado cercano a Patricia Bullrich, conocido por su defensa de militares condenados por delitos de lesa humanidad, lo que alimenta las críticas hacia esta iniciativa.  

Ausencia de control 

   La resolución establece que los agentes deberán ser asistidos con "las herramientas necesarias para su actividad", pero no especifica los alcances operativos ni los límites de las acciones que podrán llevar a cabo. Tampoco define qué tipo de información recabarán, cómo será utilizada ni qué mecanismos se implementarán para garantizar que los datos no sean filtrados o empleados de forma arbitraria.  

   Uno de los aspectos más controvertidos es que la nueva estructura no requiere de partidas presupuestarias adicionales, lo que podría dificultar el monitoreo del uso de recursos para estas operaciones.  

¿Seguridad o espionaje?

   La creación de esta unidad genera inquietudes en sectores políticos y jurídicos debido a la falta de controles explícitos y el potencial uso discrecional de la información recopilada. Aunque el objetivo declarado es combatir delitos complejos, la ausencia de detalles sobre su regulación deja abiertas preguntas sobre el respeto a los derechos y libertades individuales en el marco de sus actividades.  

   Bullrich, que ha impulsado políticas de seguridad controvertidas, enfrenta críticas por lo que se percibe como una expansión de las capacidades de vigilancia estatal sin garantías suficientes de transparencia y supervisión judicial.