Tensión en el norte salteño tras la muerte de un bagayero a manos de Gendarmería

   La región fronteriza del norte de Salta vive un clima de alta tensión tras la muerte de Fernando Martín Gómez, conocido como "Pelao", un pasador de hojas de coca. Gómez falleció en un enfrentamiento entre bagayeros y efectivos de Gendarmería Nacional en el puesto fijo 28, cerca de la zona conocida como La Isla, en las inmediaciones de Aguas Blancas. El incidente ocurrió en el marco del operativo "Plan Güeemes", que había sido implementado una semana antes.

   El operativo de Gendarmería se centró en interceptar a un grupo de bagayeros que transportaban hojas de coca y otros productos desde Bolivia hacia Argentina. Los pasadores, al notar la presencia de los gendarmes, abandonaron la mercadería y se internaron en el monte, pero luego regresaron para enfrentarse a las fuerzas de seguridad arrojándoles piedras. Gendarmería respondió con disparos de balas de goma y munición antitumulto, escenas que quedaron registradas en numerosos videos compartidos en redes sociales.

   La fiscal María del Carmen Núñez y el fiscal Marcos Romero de Tartagal están a cargo de la investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Gómez y la actuación de Gendarmería. Parte de la investigación también se centra en la posible presencia de estupefacientes en los bultos incautados.

   Tras la muerte de Gómez, la reacción de la comunidad fue inmediata. Los bagayeros bloquearon la ruta nacional 50 en la entrada a Orán, exigiendo la entrega del cuerpo para velarlo, justicia por el hecho y la garantía de continuar con su actividad laboral. "Mi marido era pasador de hojas de coca. Tenía hijos. Queremos saber qué pasó y que nos entreguen el cuerpo", declaró la esposa de la víctima.

   La actividad de los bagayeros, aunque considerada ilegal, se ha convertido en la única fuente de ingresos para muchas familias en una región con altos índices de desocupación y pobreza que alcanza al 70% de la población. Los pasadores transportan productos como hojas de coca, cigarrillos e insumos desde Bolivia, evitando los controles aduaneros que encarecen la mercadería. La hoja de coca, en particular, es un producto de consumo habitual que se comercializa de forma legal en las provincias de Salta y Jujuy, mientras que los pasadores dedicados a esta tarea son conocidos como "chancheros".

   La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que los bagayeros tienen vínculos con el narcotráfico, una afirmación que fue rechazada por la comunidad y por algunos líderes sociales. "Sabemos que lo que hacemos es ilegal, pero es la única manera de llevar el pan a nuestras casas. Los gendarmes abusan de su autoridad", denunció Sandra, una "campanera" que ayuda a los pasadores a cruzar la mercadería. Según ella, la ministra Bullrich y el gobernador Gustavo Sáenz "arman este circo" para promocionarse como duros contra el crimen organizado, mientras "el narco está entre el poder político, la Justicia y los gendarmes, pero nos golpean a los que queremos trabajar".

   El "Plan Güemes" busca formalizar la actividad de los bagayeros bajo un Régimen Simplificado de Importación. Este régimen exige que los trabajadores informales se registren con CUIL y clave fiscal, demostrando actividad comercial en la jurisdicción aduanera. Se les permite ingresar hasta 500 dólares mensuales en mercadería, pagando un impuesto del 50% sobre el valor de los bienes. Intentos previos de imponer un sistema similar, como el realizado durante la gestión de Mauricio Macri, fracasaron debido a la fuerte resistencia de los bagayeros.

   Para los críticos, el "Plan Güeemes" no solo afecta la subsistencia de las familias locales, sino que podría tener consecuencias sociales más amplias. La regulación del comercio informal podría empujar a los bagayeros hacia actividades más peligrosas y vinculadas con el narcotráfico. Desde la perspectiva de los bagayeros, la propuesta oficial no ofrece alternativas laborales viables. "Nosotros llevamos hojas de coca y cigarrillos, no drogas. Vivimos de esto. Si quieren luchar contra el narcotráfico, que lo hagan, pero que nos dejen trabajar", afirmó uno de los manifestantes durante la protesta.

   En medio de la crisis, la comunidad espera respuestas concretas del Gobierno. El corte de la ruta nacional 50 y las protestas populares en Orán reflejan el malestar generalizado. Las familias de la región fronteriza ven en el "Plan Güeemes" una amenaza a su único sustento, mientras las autoridades insisten en que el objetivo es combatir el narcotráfico y el contrabando. La tensión sigue latente en la frontera, y el desenlace de este conflicto podría tener implicancias sociales y económicas significativas para la región.