Vecinos de Orán reclaman justicia

   La frase de la concuñada de Fernando Gómez, trabajador fronterizo asesinado por Gendarmería en Orán, Salta, refleja la indignación frente a los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del gobernador salteño, Gustavo Sáenz, quienes enmarcaron el hecho como parte de la "lucha contra el narcotráfico".  

Impacto del monocultivo y el desmonte  

   Las comunidades del norte salteño han enfrentado un deterioro sostenido de sus condiciones de vida. El avance del monocultivo de caña de azúcar y soja, junto al desmonte masivo, ha eliminado fuentes de trabajo y recursos esenciales.  

   El reciente "Plan Güemes", que promete combatir el narcotráfico con mayor despliegue de Gendarmería, ha resultado en bloqueos al comercio fronterizo, afectando a más de 8.000 familias en Orán. En este contexto, Fernando Gómez, un trabajador precarizado conocido como "chanchero", fue asesinado mientras transportaba mercadería y hojas de coca. Otros dos trabajadores permanecen en terapia intensiva tras ser heridos por disparos de Gendarmería.  

Criminalización de comunidades vulnerables  

   El operativo antidroga que terminó con la muerte de Gómez expone la deshumanización del accionar estatal. Desde los discursos oficiales, se busca asociar la subsistencia de las comunidades más pobres con actividades delictivas, equiparando el coqueo, una práctica ancestral, con el narcotráfico.  

   La ministra Bullrich afirmó que los bagayeros tienen vínculos con el narcotráfico, una acusación rechazada por la comunidad. Sandra, una "campanera" que ayuda a los pasadores, denunció: "Sabemos que lo que hacemos es ilegal, pero con la desocupación que hay, es nuestra única forma de llevar el pan a casa. Los gendarmes abusan de su autoridad". Según Sandra, Bullrich y Sáenz buscan mostrarse como duros contra el crimen organizado mientras los verdaderos narcotraficantes operan con connivencia de sectores del poder político, la justicia y las fuerzas de seguridad.  

Patrones de represión y hostigamiento  

   El trato que reciben los trabajadores fronterizos encuentra paralelismos en el hostigamiento policial hacia jóvenes en barrios precarios, etiquetados como "pibes chorros", y hacia pueblos originarios, señalados como "terroristas" para justificar desalojos.  

   Amnistía Internacional advirtió sobre el riesgo para la democracia que implica criminalizar a quienes protestan o disienten de las políticas oficiales. Recordó las 33 detenciones durante la protesta contra la Ley Bases, cuando el propio Presidente calificó la manifestación como un "intento de golpe de Estado" y a los participantes como "terroristas".  

   Amnistía también cuestionó declaraciones de Bullrich, quien instó a los manifestantes a "quedarse en su casa o trabajar" y afirmó que "el que corta no cobra", aludiendo a la pérdida de beneficios sociales para quienes protesten. La organización concluyó que estas políticas buscan dividir a la sociedad, desincentivar la protesta y distraer sobre los verdaderos orígenes de los problemas sociales.  

Un llamado a la justicia  

   Claudio del Plá, dirigente del Frente de Izquierda en Salta, denunció: "Gendarmería acribilla a nuestro compañero, mientras a los verdaderos narcos les blanquean su dinero malhabido sin pedirles explicaciones. Los narcos viven en mansiones en Nordelta, no en un rancho con doce personas como Fernando. La ministra sabe que la droga sigue pasando por la frontera sin problemas, igual que los corruptos como Kueider con valijas de dólares".