Represión y ajuste en el primer año de Javier Milei

   Según un informe reciente de organizaciones de DDHH, las protestas sociales en todo el país han enfrentado una respuesta policial que se caracteriza por el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y una creciente criminalización de la protesta.  

El ajuste y la respuesta social 

   La agenda económica del gobierno, centrada en la reducción drástica del gasto público, privatizaciones y la eliminación de subsidios, ha generado un profundo impacto en la vida cotidiana de millones de argentinos. Con una inflación persistente, una caída del salario real y un aumento del desempleo, la protesta social se intensificó en diversas regiones del país.

   La abogada María del Carmen Verdú, dirigente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), hizo para el programa Marca de Radio un resumen de su informe anual sobre los hechos represivos ejecutados el año pasado por fuerzas nacionales y provinciales.

   Desde cortes de ruta en el norte y movilizaciones en el conurbano bonaerense, hasta paros en sectores clave como la educación y la salud, la resistencia al ajuste se volvió una constante. Frente a esta situación, el gobierno optó por una estrategia de endurecimiento, con despliegues policiales masivos y un discurso que equipara las manifestaciones con actos delictivos.  

Criminalización de la protesta 

   El informe destaca que, durante el primer año de la gestión Milei, se registraron más de 400 detenciones en el marco de protestas sociales, muchas de ellas sin justificación legal. Además, documenta al menos 15 episodios de represión violenta que resultaron en heridos, incluyendo manifestantes y periodistas.  

   Una de las características señaladas es la utilización de la Justicia como herramienta para desmovilizar y disciplinar a quienes protestan. Líderes sociales, sindicales y activistas han sido objeto de causas judiciales por su participación en movilizaciones, bajo cargos de "coacción agravada", "resistencia a la autoridad" o "interrupción del orden público".  

Un modelo de represión sistemática    

   El informe también subraya el rol de las fuerzas de seguridad en el despliegue de un modelo de represión que combina operativos preventivos, detenciones selectivas y violencia directa. En algunos casos, se denunciaron abusos graves, como golpizas durante las detenciones y disparos con balas de goma a corta distancia.  

   En paralelo, se observa un discurso oficial que legitima estas acciones. El propio presidente Milei ha calificado a los manifestantes como "parásitos del sistema" y ha defendido la necesidad de "restaurar el orden" para garantizar el funcionamiento de su plan económico.  

El impacto en los DDHH 

   Las organizaciones de DDHH advierten que este escenario representa un retroceso significativo en materia de libertades civiles y derechos fundamentales en Argentina. Señalan que la represión no solo afecta a los sectores organizados, sino que también genera un clima de miedo y autocensura en la sociedad.  

   El informe concluye con un llamado a la comunidad internacional para que mantenga la atención sobre la situación de los derechos humanos en el país y exige al gobierno el cese de la represión y la garantía de derechos básicos, como el acceso a la protesta pacífica.  

Futuro incierto  

   A un año de asumir, el gobierno de Milei enfrenta una creciente polarización y un clima social cada vez más tenso. Mientras sigue adelante con su programa de ajuste, el costo político de la represión comienza a hacerse evidente, con sectores de la oposición y la sociedad civil cuestionando tanto las medidas económicas como las formas autoritarias de imponerlas.  

   En este contexto, el 2025 se perfila como un año clave para definir si la Argentina logra encontrar un equilibrio entre las necesidades económicas y el respeto por los derechos fundamentales, o si se profundiza el modelo de conflicto y represión.