El gobierno hará cambios en el proyecto de ley de propiedad privada

La titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mantuvo una reunión clave con los jefes de las bancadas dialoguistas con el objetivo de "blindar" el proyecto de ley de propiedad privada.

bulrich — Los jefes de la UCR y del PRO en el Senado, Eduardo Vischi y Martín Goerling, junto a la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich.

De concretarse las modificaciones acordadas, la iniciativa oficialista podría tratarse en el recinto de la Cámara alta el jueves de la semana próxima.
En la cumbre de ayer estuvieron presentes los presidentes de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Vischi; del PRO, Martín Goerling; y referentes de partidos provinciales clave para definir la votación, como el misionero renovador Carlos Arce.

Los cambios
En el capítulo vinculado a las expropiaciones, se incorporó un límite máximo del 30% sobre el lucro cesante —antes no había un porcentaje determinado—, excepto que el involucrado demuestre judicialmente lo contrario. También se revisó la tasa de interés aplicable, que se calculará mediante el IPC más la tasa del Banco Nación a 30 días. Por último, se dispuso que la fecha para establecer el valor de un bien será la anterior a cualquier acto o hecho vinculado a la expropiación.
Por otra parte, en lo que respecta a los desalojos, el nuevo texto respetará de forma taxativa la diferenciación entre los sujetos locatarios y los usurpadores. Se ratificará que las condiciones ante una eventual falta de pago seguirán rigiéndose por lo determinado por las partes en el contrato (si el destino es habitacional) y, ante una intimación, el locador deberá hacerlo con un plazo previo de diez días.
Tierras rurales y zonas de frontera
Sobre la regulación de tierras rurales, Bullrich confirmó que se le otorgará un mayor poder de decisión a los mandatarios provinciales, manteniendo firmes las restricciones vigentes para los Estados extranjeros.
En tanto, para las zonas de frontera, el despacho final contemplará una intervención directa del distrito provincial, aunque siempre bajo la condición de contar con una autorización previa por parte del Gobierno nacional.