Tribunal de Cuentas: más de veinte fiscales repudian acción penal de Beatriz Bogado
Prácticamente la totalidad del elenco de fiscales del órgano de contralor reaccionó ante la insólita acción judicial emprendida contra una colega por hacer su trabajo.
Más de veinte fiscales del Tribunal de Cuentas elevaron a la presidente de ese organismo, Elda Pértile, una nota en la que "rechazan y repudian" la denuncia penal que una vocal del órgano de contralor, Beatriz Bogado, presentó contra la fiscal Carola Urlich, quien revisó cuentas de Lotería Chaqueña cuando la dirigente peronista era autoridad de la empresa de juegos.

Urlich encontró irregularidades y se labró un juicio de cuentas que condenó a Bogado a pagar un resarcimiento al Estado. Pero pasaron los años y Bogado fue elegida recientemente como vocal del mismo organismo que la había sentenciado, cargo desde el cual formuló la insólita denuncia contra la fiscal.
En su nota, los demás fiscales del TC plantean el absurdo de que de ahora en más estarán expuestos a imputaciones penales por parte de sus jefes, por el simple hecho de cumplir con el trabajo que les correspondía al controlar gestiones pasadas de los vocales.
PREOCUPACIÓN
"Desde ya, nos solidarizamos con la funcionaria afectada, como asimismo rechazamos y repudiamos cualquier denuncia que pudiera hacerse contra cualquier fiscal de esta institución en ejercicio de sus funciones, ya que de aceptarse prácticas de esta naturaleza se estaría atentando contra la independencia y autonomía con la que debemos contar", advierten los fiscales en la nota a Pértile, en la que señalan que "la situación relatada configura un hecho de extrema gravedad institucional, inédito en nuestra institución".
"Qué protección institucional pueden tener nuestros fiscales si, institucionalmente, se admite la posibilidad de ser denunciados penalmente por las funciones que las propias leyes les confieren. Más aún cuando esa denuncia surge de una autoridad máxima de la propia institución", marcan.
Los fiscales insisten en que el caso "nos expone a todos" a "ser denunciados penalmente por cualquier responsable que no comparta el contenido de nuestros informes", y más aún por "el temor a ser denunciados por nuestras autoridades, si nos toca la responsabilidad de controlar cuentas en las que fueran responsables".
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