Tormenta en el tribunal

Alude a la idea -muy extendida- de que el organismo, cuya misión es la de controlar los gastos realizados en las dependencias de la administración pública provincial y en los municipios, no cumple cabalmente con esa función. O que, directamente, es en realidad una herramienta más destinada al encubrimiento que a la detección y sanción de irregularidades.

Esa mirada se basa principalmente en la ausencia -en estos cuarenta años de democracia- de resultados visibles y contundentes que digan lo contrario. No hay una abundancia de casos que hayan tomado estado público y se hayan resuelto con condenas ejemplarizantes para los funcionarios involucrados en manejos oscuros. Hay dos opciones: o el Tribunal hizo poco y nada al respecto o lo concretó con una discreción de abadía. Pero no seamos sesgados: cosas parecidas pueden comentarse de la justicia, de otros entes creados para ponerle límites al poder o de nosotros, los periodistas y los medios.

Se debe decir, también, que una subestimación del rol del TC es injusta con el trabajo de la mayor parte del equipo de fiscales que revisa las cuentas provinciales y comunales. En todos estos años, de esa labor surgieron investigaciones muy meritorias, en algunos casos hasta memorables, como la tarea de Raúl John París sobre la entrega delictiva a particulares y grupos privados de cientos de miles de hectáreas de tierras públicas.

CONTEXTO

En verdad, es una porción muy pequeña de la ciudadanía la que conoce la existencia del Tribunal de Cuentas, sabe qué funciones tiene asignadas y tiene nociones acerca de cómo funciona. Pero es uno de los órganos más importantes en materia de mecanismos de contralor previstos en nuestra Constitución. También es relevante en términos de gastos. En el presupuesto 2024 la institución tiene asignados recursos por 7235 millones de pesos, que en gran medida se consumen en sueldos (los gastos corrientes del ejercicio fueron estimados en 7189 millones).

Por estos días, salió del bajo perfil. El motivo es el escándalo suscitado en su rutina interna, donde dos fiscales -hasta ahora; el número podría crecer denunciaron que sus archivos personales fueron vulnerados. Ambas (son mujeres) se encontraron con que sus escritorios y armarios fueron revisados fuera del horario laboral por personas no identificadas, y una de ellas halló las computadoras de la oficina encendidas, lo que hace suponer que también hubo intrusiones en documentos digitales.

Los episodios impactaron porque de alguna manera se relacionan con el ingreso de Beatriz Bogado, figura del riñón político de Jorge Capitanich, a la conducción del Tribunal. Según Carola Urlich, una de las fiscales denunciantes, la invasión a sus archivos ocurrió días después de que desde las secretarías de Bogado y de otro vocal le solicitaran un expediente en el que se investigaron y objetaron gastos de la propia Bogado cuando formaba parte del directorio de Lotería Chaqueña. Urlich dijo que iba a entregar esas actuaciones solo si se las pedían por escrito. Entonces ya no le requirieron más la carpeta en cuestión. Días después, le abrieron y revolvieron su armario.

La presidente actual del TC, Elda Pértile, se comprometió a "ser implacable" si se confirman acciones turbias. Bogado declaró que "no se garantizará la impunidad de nadie".

RUIDOS

En realidad, los ruidos vienen de bastante antes. Desde la propia historia del organismo, siempre cruzado por los vaivenes políticos de la provincia, y más recientemente por la controversial postulación de Bogado a una de las vacantes que había que llenar en el órgano de conducción -que integran cinco vocales en total- y la polémica decisión de los diputados de designarla para el cargo. Fue un acuerdo entre radicales y peronistas a la vieja usanza. Casi que solo faltó sellarlo en una pulpería. Un cambio de figuritas sin considerar otra cosa que la paridad matemática. El PJ propuso a Bogado, formalmente postulada por Capitanich desde el Poder Ejecutivo, y la UCR a Juan José Fuentes Castillo. Un lugar para cada partido, y a otra cosa.

Lo que a pocos les pareció disonante, en todo ese proceso, en el gobierno y en la Legislatura, es que Bogado ya venía desde 2013 con un proceso abierto en el propio Tribunal de Cuentas por gastos de 2011 que se le objetaron a su gestión como ministra de Desarrollo Social. El TC había resuelto que la exministra debía pagar un resarcimiento de 4,7 millones de pesos, y ella inició entonces una sucesión de recursos y acciones que alargaron muchísimo todo. El resultado fue que recién el año pasado, una década después de los cargos, el Tribunal dictó una resolución definitiva ratificando el criterio de que el Estado debía ser resarcido.

Contra esa decisión, Bogado planteó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia, alegando inconsistencias y vicios en la resolución del Tribunal de Cuentas. En noviembre ‘23, el procurador general Jorge Canteros emitió su dictamen sobre el caso: consideró que la resolución del TC era inobjetable y que la apelación de Bogado carecía de sustento.

TAN CHACO

Tras el pronunciamiento de Canteros, debe expedirse el Superior Tribunal. El dictamen de Canteros no es vinculante para los jueces de la Corte provincial, pero son rarísimos los casos en que los ministros del STJ toman decisiones opuestas a las recomendadas por la procuración. Aun con todos estos elementos, los diputados votaron a Bogado para ser una de las máximas autoridades del organismo que la investigó y condenó. Algo así como elegir como jefe de la Policía del Chaco a una persona con una causa abierta por estafa o lesiones. Son procesos abiertos (en el caso de Bogado, está pendiente la decisión del STJ) y el principio de inocencia es insoslayable, pero la interferencia ética es visible.

Tras el dictamen de Canteros, Bogado pagó los 4,7 millones y pidió– al Superior Tribunal que cancele la tramitación de su recurso. Algunos lo ven como un intento por evitar un nuevo revés, de alta probabilidad de ocurrencia. Y marcan un detalle: los 4,7 millones se fijaron en 2013. Desde entonces pasó una inflación de varios ceros.

Ahora se está generando además una situación insólita. En el Tribunal de Cuentas hay en trámite otro expediente que compromete a la vocal. Son cargos por su gestión como integrante del directorio de Lotería Chaqueña en 2022 (además de haber estado en Lotería y en Desarrollo Social, Bogado fue parte de la conducción de Secheep, secretaria de Municipios y diputada provincial). Se le debe iniciar un juicio de cuentas dentro de la institución en la cual ella ocupa una de las máximas jerarquías. Una parte de esas actuaciones es la que se perdió recientemente. Las están reconstruyendo.

Este clima enrarecido, desde ya, no es culpa de Bogado. Fue el gobernador anterior quien la postuló, fueron los diputados quienes la votaron, y nadie podía decir que no reunía las condiciones formales exigibles para el cargo. Es contadora, su trayectoria es amplia y no le falta carácter para un rol rodeado de complejidades. Además, en política subsistir es estar, y viceversa. Sin embargo…

Mientras tanto, para algunos y algunas, lo único cuestionable en todo esto fue la decisión de las fiscales de efectuar sus denuncias puertas afuera del Tribunal.

SE VERÁ

Los constituyentes de 1994 tampoco ayudaron mucho cuando le asignaron al Tribunal de Cuentas un reparto de sus vocalías en función de mayorías y minorías parlamentarias. No es el único órgano de contralor del país en el que se adoptó ese criterio. Se lo defiende con el argumento de que es una manera de garantizar una mirada opositora en un órgano sensible, pero en realidad ayudó a priorizar las pertenencias partidarias antes que valores más importantes y trascendentes de los postulantes a cada vacante.

Si el mejor candidato a una vacante no tiene un esponsoreo político que lo avale, un caudillo de turno que lo bendiga a cambio de no sabemos cuáles promesas, no tiene la más mínima posibilidad de llegar. Suceda lo que suceda, el tiempo demostrará si todo lo que se viene diciendo son afirmaciones infundadas y sospechas lanzadas maliciosamente al viento, o la crónica de una nueva frustración institucional anunciada.