Diputados avanzan en el proyecto para vender acciones de Impsa 

   Este martes el oficialismo dio un paso importante en la Legislatura para allanar el camino a la venta de las acciones que el Estado mendocino tiene de la empresa Impsa, sobre la cual la gestión del gobernador Alfredo Cornejo pretende, junto al gobierno del presidente Javier Milei, su privatización.

   No obstante, si bien desde el oficialismo pretendían que este miércoles se pudiera debatir el tema sobre tablas, la oposición pidió más información al Gobierno sobre la empresa y en labor parlamentaria decidieron finalmente posponer el debate una semana más.

Despacho positivo

   La comisión de Hacienda, que preside Jorge López (UCR), dio despacho favorable este martes con los votos del Frente Cambia Mendoza al proyecto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar los actos necesarios a fin de "transferir la totalidad de las 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de Impsa S.A. de titularidad de la Provincia de Mendoza".

   Estas acciones corresponden al 21,2% de las acciones totales, gracias un Aporte No Reintegrable (ANR) de U$S 5 millones; mientras que la Nación posee el 63,7%. En tanto, el fideicomiso de acreedores posee el 9,8% de las acciones y la familia Pescarmona se quedó con el 5,3% restante.

  Tanto la Provincia como la Nación acordaron la venta de las acciones que tienen en Impsa. De hecho, se transparentó todo este proceso en una conferencia de prensa en la que Cornejo junto al secretario de Industria de la Nación, Juan Pazo, informaron el proceso de "capitalización" de Impsa el pasado 4 de julio. Volviendo al proyecto, el mismo establece que el proceso de transferencia que se instrumente, "deberá asegurar los principios de concurrencia, publicidad, igualdad y transparencia".

   Al iniciarse el encuentro, López indicó que "el interés del Ejecutivo es avanzar con este tema. La intención siempre fue que la empresa no cayera". Además, sostuvo que el objetivo es que la provincia pueda avanzar "en los procesos de selección de las mejores propuestas sin afectar los procesos", ya que se conoció el interés de privados por estas acciones de la provincia de Mendoza en Impsa.

   La votación resultó afirmativa por mayoría de votos, con la abstención de los bloques del PJ y LUM, quienes plantearon conocer aspectos sobre la gestión de las autoridades que la provincia designó en la empresa; si evaluó el gobierno provincial la posibilidad de continuar con su participación en ella, y respecto al término "trasferencia" expresado en la redacción del proyecto.

Sin aspiraciones de recibir fondos

   El Gobierno provincial no aspira a recibir fondos por la venta de acciones de Impsa y cree que la oferta privada apuntará a dar "capital de trabajo" y asumir las deudas millonarias de la firma. Además, se confirmó que el Estado nacional busca que haya más de un oferente. Así se desprende de un informe que envió el Ministerio de Hacienda para evacuar las consultas de la oposición con respecto al proyecto que presentó en la Legislatura para que le autorice la operación.

   La diputada Laura Balsells Miró, de La Unión Mendocina, preguntó "cuál era el motivo específico por el cual no se acepta un precio a cambio de la cesión" de las acciones. La respuesta oficial en este punto fue la siguiente: "Desconocemos cuál será la oferta (si la hubiera) de este interesado o de cualquier otro y si la misma contemplará un precio por la venta de las acciones, aunque, atento a la situación de la empresa y su nivel de endeudamiento, es posible que la oferta se centre en el monto necesario para dar a Impsa el capital de trabajo necesario para su sostenibilidad y crecimiento y en la asunción del pasivo financiero superior a u$s 500 millones que enfrenta".

   En el informe, de poco menos de una página, el Gobierno provincial evitó dar información sobre el interesado en comprar Impsa porque "aún no se conoce cuál será la empresa adquiriente". Sí reconoció en cambio, que el Estado está buscando que haya más de un oferente. "La Agencia de transferencia de empresas estatales está trabajando en este proceso de capitalización. Más allá de coordinar el proceso junto al Ministerio de Economía, están buscando posibles empresas interesadas en acceder a dicho proceso", dice el texto enviado a la Legislatura.

   En la presentación se indica que "el proceso es llevado a cabo por el Gobierno Nacional quien tiene el control de la sociedad" y que "se han evaluado los antecedentes y solvencia del vehículo adquirente y de sus accionistas y grupo económico, así como sus planes de inversión para Impsa, con anterioridad al inicio del proceso de venta".

   También respondió el Gobierno sobre las medidas para garantizar la transparencia en la operación. "El proceso de venta prevé no sólo la posibilidad de que cualquier otro interesado pueda participar del mismo desde el día 1, sino que, además, establece un procedimiento de mejoramiento de oferta que establece: (i) la publicación de los términos de la oferta que, en su caso, presente la empresa que está realizando actualmente la auditoría (due diligence) para la compra mediante avisos en al menos dos diarios de mayor circulación en el país; y (ii) el otorgamiento de un plazo de 60 días corridos desde la última de dichas publicaciones para que cualquier otro interesado pueda acceder a la información de la empresa y realizar su propia auditoría, más un plazo de 5 días hábiles para que dichos interesados presenten su oferta mejoradora de la presentada por el interesado inicial, debiendo resolverse la adjudicación o la declaración de procedimiento desierto de los 5 días hábiles siguientes".

   A pesar de que todavía quedaban dudas por responder, en la Cámara de Diputados señalaron en este mediodía que seguramente hoy saldrá aprobado el despacho de la comisión de Hacienda para que el proyecto sea tratado en la sesión de este jueves. Entre las incógnitas que persistían estaba la inquietud del legislador Jorge Difonso sobre el personal, el directorio y los salarios de la empresa que supo dirigir la familia Pescarmona.

Fundamentación 

   Tal como reseña la fundamentación, en el año 2020 Impsa solicitó formalmente la participación del Gobierno Provincial y Nacional en el Plan Integral de Recomposición de su Estructura de Capital, mediante su publicación en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores.

   En tal sentido, la empresa solicitó la asistencia del Gobierno Nacional a través del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, debido a "la grave falta de capital de trabajo y el riesgo en la continuidad de sus operaciones, pago de salarios, contribuciones e impuestos, entre otros. La asistencia requerida tuvo por finalidad permitir a la empresa asegurar la continuidad de sus operaciones, mantener la fuente de empleo para sus más de 720 empleados propios y las más de cien PYMES con las que trabaja, conservar las tecnologías desarrolladas durante su historia y contar con el capital de trabajo necesario para mantener sus operaciones. Para ello, el Gobierno Nacional solicitó que la Provincia también fuera parte de esta operatoria".

   Días atrás, en defensa del proyecto, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, sostuvo que Impsa mantiene "cierta reputación en el mercado en el que trabaja y en julio de este año, en conjunto con el Ministerio de Producción de la Nación y en conjunto con una empresa que manifestó su interés por la compañía (Arc Energy), se empezó a abrir la posibilidad de que aparezcan interesados en aportar más capital a la compañía y en dotarla de un gerenciamiento y de un volumen de negocios que la vuelva a ubicar en el rol estratégico y preponderante que tiene".

   Mas allá del revuelo de los últimos meses, Impsa cuenta con una historia de 117 años, en los que supo trascender las fronteras de la provincia para llevar sus proyectos a los cinco continentes.

*Publicado en MDZ Online