Quejas de usuarios de colectivos por menor frecuencia de coches

Persisten la tensión y la incertidumbre en lo que respecta al servicio de transporte público urbano de pasajeros en nuestra provincia. Tras el dictado de la conciliación obligatoria, se espera la reunión que el próximo jueves 5 de septiembre a las 11 congregará a todas las partes involucradas en el conflicto.

Si bien el servicio se restableció luego de las medidas de fuerza de los pasados viernes y miércoles, el reclamo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco continúa vigente: que se equiparen los salarios de los choferes locales con los que perciben sus pares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Como si esto fuera poco, en la jornada de ayer fueron innumerables los llamados y mensajes de usuarios a medios de comunicación locales -incluido este matutino- para quejarse de que, si bien había coches circulando, la frecuencia con que lo hacían parecía la de un domingo o feriado, lo que generó múltiples problemas en un día hábil.

LA MIRADA DE LOS EMPRESARIOS

Por el lado empresarial, referentes del sector lamentan la intransigencia gremial a la hora de conceder plazos para que se dé respuesta a su solicitud. Creen que la única solución es que se haga "un estudio serio y sincero" sobre el costo del boleto, o que Provincia realice un aporte para absorber las pretensiones salariales de los conductores. Su principal fundamento es que el Estado tiene que asegurar la ecuación económica establecida en los pliegos de licitación de las líneas.

"La forma de cumplir es establecer las tarifas que surgen de la metodología de costos que obra en uno de los anexos al pliego. Es decir, considerar los aumentos que se dieron desde la ultimas tarifas, combustibles, repuestos, salarios, etc., y fijar una nueva tarifa técnica, ahora de $1800, sobre la cual una parte la paga el usuario y otra la subsidia el Estado por pasajeros transportados. Hasta tanto eso no se produzca resulta imposible que se hagan cargo las empresas de los mayores costos y los nuevos salarios de los trabajadores", aseguraron.

Señalaron además que "si el Estado no puede cumplir con lo que él mismo estableció en los pliegos y los contratos que se firmaron en consecuencia, debe convocar a todas las partes a un proceso de reestructuración, achicar kilómetros del sistema, reducir servicios, eliminar ramales improductivos y acordar la reducción del personal en un marco de emergencia del sistema que debe decretar. Los contratos de los servicios públicos esenciales se deben cumplir; no se puede, como el caso de la obra pública, suspender los pagos de las redeterminaciones de precios y paralizar la obra".