Semana clave para Ariel Lijo en el Senado 

   Para que la candidatura de Lijo avanzara en la Cámara Alta, fue necesario cumplir con varios pasos formales: la publicación del llamado a audiencias en un diario de tirada nacional durante dos días, y la emisión de un edicto en el Boletín Oficial. Luego de esto, se abrió un período de una semana para que se presentaran impugnaciones y adhesiones. Según información de Noticias Argentinas, Lijo recibió 33 impugnaciones y 16 adhesiones durante este tiempo.

   Según el Ejecutivo, el panorama fue diferente. Según un informe difundido por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, Lijo acumuló 3.578 adhesiones frente a 328 impugnaciones, mostrando un fuerte respaldo en comparación con las críticas recibidas.

   Para responder a las más de 400 preguntas que le enviaron ciudadanos al Senado, Lijo presentó un extenso documento con el que busca defender su actuación como magistrado y rechazar las impugnaciones presentadas. Ante la posible asistencia masiva a la audiencia del miércoles, las autoridades del Senado están considerando limitar el acceso para evitar desórdenes.

   Aunque Lijo es una figura controvertida y resistida en algunos sectores, su candidatura parece ser una de las que mejor podría unir al kirchnerismo, a los sectores dialoguistas y al oficialismo. Lijo es parte del reducido grupo de jueces que conforman Comodoro Py, los tribunales federales más influyentes y cuestionados del país.

   En marzo pasado, el Poder Ejecutivo dio a conocer la propuesta de Lijo para cubrir el quinto lugar vacante en la Corte Suprema, tras la salida de Elena Highton de Nolasco. También se presentó la candidatura del abogado constitucionalista Manuel García Mansilla, quien reemplazaría a Juan Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años en diciembre. La semana será crucial para determinar el futuro de Ariel Lijo en el máximo tribunal.

Quién es Lijo

   La candidatura de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el presidente Javier Milei, ha generado reacciones mixtas en el círculo político y judicial argentino. Lijo, quien ingresó a los tribunales federales de Comodoro Py en 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner, rápidamente ganó notoriedad por su intervención en casos de alto perfil.

   Entre los casos más destacados en los que Lijo ha participado se encuentra la investigación de las supuestas irregularidades en el atentado a la AMIA, por la cual envió a juicio al expresidente Carlos Menem, al exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, y al exjuez Juan José Galeano. En 2023, Lijo asumió la investigación del atentado contra la AMIA, un caso que lleva tres décadas sin resolución. Como parte de su gestión, desclasificó información de inteligencia a pedido de las víctimas y familiares agrupados en Memoria Activa, recibiendo respaldo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas en su camino hacia la Corte.

   Lijo también ha intervenido en causas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, incluyendo casos vinculados al Batallón 601 del Ejército, y en la investigación del asesinato de José Rucci, entonces secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT). Sin embargo, su manejo del caso Rucci, al considerarlo fuera del marco de los crímenes de lesa humanidad, ha sido criticado, especialmente por la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel.

  En su vida personal, Lijo contrajo matrimonio con Silvia Cavallo, fiscal federal de Quilmes y hermana del camarista Gabriel Cavallo, lo que lo vinculó aún más con el entorno judicial. Su carrera se vio envuelta en más controversias cuando investigó al entonces vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone Calcográfica, que resultó en la condena y encarcelamiento de Boudou. Esta investigación también llevó a Lijo a indagar sobre figuras como el banquero Jorge Brito, el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, lo que provocó críticas de sectores afines al libertarismo, incluyendo al senador Francisco Paoltroni.

   Además, Lijo fue responsable de investigar a exfuncionarios y empresarios por supuesto lavado de dinero en la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia en 2007. Su nombre está vinculado con su hermano Alfredo Lijo, abogado y exmiembro de la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que llevó a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, a acusarlo de integrar una asociación ilícita junto a su hermano y el exministro Julio De Vido.

   A pesar de las críticas y denuncias, Lijo ha mantenido fuertes vínculos dentro del sistema judicial, contando con el apoyo de colegas como la jueza María Servini y el actual miembro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien presidió el cuerpo durante años.