La justicia federal es otra vía para cuestionar irregularidades

Una perspectiva distinta a la polémica por el cobro irregular de fotomultas en rutas nacionales dentro de los límites del Chaco sostiene que la competencia debe ser de la justicia federal. En los argumentos están el acuerdo provincia – Nación que dio origen al sistema y que el espacio en el que se aplica incumbe a tramos de rutas nacionales.

Fuentes de la asociación de gestores y mandatarios indicaron a NORTE que quienes cuestionen las infracciones deberían acudir a una instancia de alcance nacional y no a un magistrado provincial. La observación se relaciona con la suspensión que aplicó recientemente un juez civil y comercial del Chaco sobre uno de los temas con mayor repercusión en la última quincena.  

Hace nueve años 

El comienzo de la implementación del sistema se remonta al 12 de junio de 2015, con la incorporación en el Sistema Unificado de Gestión de Infracciones de Tránsito (Sugit). A partir de la formalización del trámite, los registros seccionales locales agregaron una operatoria "de solicitud de informe de deuda por infracciones de tránsito".

Los términos se pueden leer en la disposición 252 de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, un documento vigente desde hace nueve años.

El recorrido

Hasta abril de 2016 eran 70 los municipios que se habían sumado al Sugit. En ese momento la mayoría pertenecía a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Mientras que en el norte del país -además de Resistencia- también había tres municipalidades que adhirieron inicialmente en Formosa (la capital provincial, Clorinda y El Colorado).

Además hubo dos de Corrientes (Paso de los Libres y Curuzú Cuatiá), dos de Salta, uno de Santiago del Estero, otro en Jujuy y uno más en Entre Ríos.

En el Chaco la instalación de cámaras en rutas nacionales 11 y 16 comenzó en 2022, primero en periodo de prueba y poco después de manera plena.

De acuerdo con lo reglamentado, en las provincias se colocan los cinemómetros que permiten aplicar el sistema, en tanto que el destino de la recaudación no está claro.

Testimonio de un damnificado 

"Por más que pataleen y acudan a la justicia provincial, van a terminar pagando porque corresponde que acudir (con el reclamo) a la justicia federal", señala un damnificado que pidió mantener el anonimato.

Su caso es muy anterior a los detectados este año por otros titulares de automóviles y en diálogo con NORTE contó que a partir de una venta supo que tenía una multa errónea en otra jurisdicción: le acreditaron una infracción que correspondía a la patente de un tercero. De esa experiencia aprendió que para cuestionar solo es posible hacerlo acudiendo a una instancia federal.