DNU 70/2023: organizar el saqueo, destruir el ambiente y extranjerizar el territorio nacional

Señor director de NORTE:

El DNU 70/2023 implica un fuerte retroceso social y político para el pueblo argentino, promueve el saqueo organizado, la extranjerización de nuestro territorio, y es un desquicio en materia de energía, rol del Estado y ambiente. 

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei emitido el pasado 20 de diciembre de 2023, está en vigencia e impacta en la estructura del Estado, la normativa laboral (frenado por las presentaciones judiciales), la distribución del ingreso y aunque de forma menos evidente –pero no menos grave – impulsa medidas que dañan los derechos colectivos materia socio-ambiental ya que su contenido refleja claramente los intereses que defiende y protegen estas medidas y pinta de cuerpo entero que tipo de gobierno tenemos en la nación. 

Este decreto es el brazo armado de un tremendo un ajuste sobre el grueso de la población, y al mismo tiempo es garante de los privilegios que tienen las empresas del agro negocio, la minería y la extracción de gas y petróleo. 

Ninguna medida es a favor del pueblo y si de la casta de empresarios amigos y grandes grupos económicos, los que seguramente ayudaron desinteresadamente en su elaboración. 

El DNU 70/2023 de desregulación económica es inconstitucional por donde se lo mire y la promovida y mal llamada "Ley de bases para la reconstrucción de la economía argentina" (hoy tirada al tacho de la basura por el propio gobierno y su caterva de referentes) no es ni más ni menos que el retorno de políticas que ya no se aplican. 

Este DNU avanza sobre el rol que en una democracia tiene el Congreso de la Nación al derogar sin más trámite que su mención por su número en el articulado, cerca de trescientas leyes, e intenta ser legitimado por las "buenas o por las malas" (como expresan muchos de sus funcionarios), fuera de la institucionalidad que debe imperar en todos los actos de gobierno. 

La derogación de la Ley de Tierras (hoy en etapa de reclamo judicial que ciertos sectores de la justicia no comprenden, no les importa o lo que sería peor, tienen interés creado) es el más palpable hecho que muestra el desprecio de este gobierno por el territorio y los bienes ambientales comunes, por los habitantes, por el valor de su biodiversidad, por sus sistemas productivos locales y por sus culturas, al promover la extranjerización de la tierra. 

Seguramente, algunos pretenderán crear en la región chaqueña sudamericana la "República de Sojolandia", sobre los territorios de Paraguay, Argentina y Bolivia. Excluyo expresamente a Brasil, ya que lo que está sucediendo allí alienta a la esperanza de los pueblos. 

La mega devaluación aplicada repercute sobre cada uno de nosotros con más inflación e incrementos inmediatos de la pobreza pulverizando salarios y poniendo en jaque a las familias por los altos costos de la vida. Permitiendo por ejemplo a las empresas de gas y petróleo mejorar su rentabilidad en forma instantánea, preparando el terreno, en el caso de YPF, para su entrega en condiciones inmejorables para sus negocios. 

El DNU, además, les otorga el beneficio de quitarles la obligatoriedad de destinar producción al mercado interno mediante las modificaciones del Código Aduanero, una acción que merece ser denunciada como alta traición a la patria, ya que les facilita una vía para hacer lo que se les cante y no rendir cuentas a nadie, una aberración total. 

También el DNU 70/23 permite que la Secretaría de Energía pueda cambiar a su arbitrio el esquema de subsidios a los servicios de energía que reciben los consumidores, promoviendo su eliminación, al igual que otros subsidios, como el transporte, y curiosamente no altera el acceso a los subsidios, por ejemplo, al gas natural que reciben las compañías extractivas. Estos subsidios son transferencias del Estado a grandes empresas como YPF, Tecpetrol, Compañía General de Combustibles, Pan American Energy, Total, Pluspetrol, Equinor, Shell, CAPEX o Wintershall, que en el Presupuesto 2023 representaron más de $150 mil millones. 

En materia ambiental, el DNU desconoce lo que viene realizando Argentina para introducir energías renovables en su matriz energética. Al derogar los Artículos 16 al 37 de la Ley N° 27.424 (Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica), desarma un fideicomiso que otorgaba préstamos y estímulos a quienes incorporaran en sus residencias equipos de generación de energía para autoconsumo o para ser introducida a las redes de distribución.

 Esta medida no respeta los compromisos internacionales que ha asumido Argentina en el Acuerdo de París, por el cambio climático, recordemos la dosis de negacionismo absurdo que posee Javier Milei en estos temas, manifestados abiertamente durante su campaña política presidencial.

 Todo el decreto está olorosamente impregnado del tufo neoliberal ridículo que pretende retirar al estado de sus funciones de regulador de las "fuerzas del mercado" –como si este no tuviera nombre y apellido actuando a cada paso que da–; idea perimida y poco feliz de estos energúmenos facistoides violentos. Cabalgan bajo este concepto y añaden como meta las privatizaciones de empresas públicas, con su correspondiente desregulación, falacia total. 

Cuando este modo de pensar la realidad se apodera del imaginario colectivo, le agrade a quien le agrade, es necesario decir que: vamos inexorablemente hacia un mayor extractivismo y una tremenda depredación de los bienes ambientales comunes, con las consecuencias lógicas de más pobreza, pérdida de biodiversidad y territorios arrasados. 

Lo que verdaderamente está en juego no es el tamaño del Estado, sino la redistribución de la renta y la apropiación de los bienes ambientales comunes para un puñado de ricos, amigos de quienes ocupan hoy los sillones de los despachos oficiales. 

En un contexto de ajuste económico cuya justificación remite a la necesidad de sacar a la Argentina de la pobreza, combatir la inflación y lograr el equilibrio fiscal, se cuestiona el papel del Estado y su tamaño y a la "casta", como responsables, se ejecutan al mismo tiempo políticas de fuerte intervención estatal del gobierno sosteniendo subsidios y exenciones impositivas para beneficiar a las empresas de sus amigos, es en realidad un capitalismo de Amigos para los amigos. 

Los programas del Estado en materia social, de transporte, de energía y de desarrollo integral (obra pública) se han reducido a su mínima expresión, sosteniendo únicamente los beneficios a los sectores del capitalismo de amigos. 

El DNU 70/2023 organiza este esquema en nombre de la libertad de los argentinos, cuando en realidad los convierte en esclavos de su propia destrucción, es un DNU oxímoron, diría. 

Este mega decreto, atenta de forma directa contra la Constitución, el bienestar de la ciudadanía y el ambiente, perpetúa y reorganiza el modelo extractivista que beneficia a unos pocos, les garantiza el saqueo y la depredación a escalas nunca vistas en la historia reciente de nuestro país, ni la dictadura genocida cívico-militar se animó a tanto. 

¡Ah! Me olvidaba... de Las Bases de Juan Bautista Alberdi, solo usaron el título.

SERGIO D. SOTO

DNI 16.936.166

BARRANQUERAS