La política necesita consensos, discusiones y debates

El Gobierno nacional asumido el 10 de diciembre aprobó en primer lugar un megadecreto de Necesidad y Urgencia de 366 artículos que, entre otra cuestiones, "desregula" la actividad económica mediante la derogación y modificación de leyes y además envió al Congreso una denominada Ley Ómnibus con 664 artículos y seis anexos, en el mismo sentido. Ambas normas modifican leyes de fondo en materia laboral, previsional, de salud, de turismo, sindicales, de distintos tipos de contratos (mediante la modificación del Código civil y comercial) el de alquileres es el más comentado, en materia energética, de cultura, de promoción industrial, convierte las sociedades de Estado en S.A., y la lista podría continuar. 

El argumento central para llevar adelante esto es el de una emergencia que, si no la enfrentamos, nos vamos a una catástrofe económica de la cual no volveremos, y también que con estas medidas "se ataca a la casta", para terminar con ella. Este concepto de casta es sumamente difuso y no sabemos bien de qué se trata.  ¿Son los políticos? ¿Los empresarios? ¿Los sindicalistas? ¿Los trabajadores en general? ¿Los médicos? ¿Las obras sociales? ¿Las farmacias? ¿Los inquilinos? ¿Los clubes de fútbol? ¿Los empresarios del turismo? ¿Los actores, escritores y los argentinos vinculados con la cultura en general? ¿Las provincias a las que se desfinancian? ¿Los empleados públicos? ¿Los empleados bancarios? ¿Los jueces? ¿Los que cobran planes? En fin, podríamos hacer una lista interminable sin respuestas. 

En realidad, lo que lleva a un desastre económico son todas estas medidas en su conjunto. Individuamente podremos encontrar alguna norma necesaria o alguna modificación de ley para actualizar viejas leyes, quizás algunas caducas. Pero insistimos, en su conjunto solo pronostican un desastre para la gran mayoría de los argentinos. La liberación ya se está notando con el abrupto incremento de tarifas que se lleva adelante y con el que se anuncia. Las futuras paritarias seguramente recompondrán parte de la pérdida salarial pero lo harán desde un piso muy bajo. Lo perdido, ¡perdido está! 

En términos económicos y con inflación esto se llama transferencia de ingresos. Y es importante este punto, pues todas las medidas tienden a eso: una gran transferencia de ingresos a los sectores más concentrados de la economía. Entre ellos, el sector financiero y a los sectores rentistas de la argentina. Suponer que la negociación es igualitaria entre alguien que busca una vivienda para alquilar y el dueño del inmueble es, cuanto menos, ser ilusos. Quizás en nuestra realidad esto no se dé tanto, pero en las grandes ciudades existen propietarios que imponen totalmente sus condiciones. Más iluso resulta apelar a la libre competencia en una economía con monopolios y oligopolios en los principales rubros económicos. Se deroga la ley de abastecimiento, con lo cual el Estado pierde una gran herramienta para enfrentar a los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros que con prácticas monopólicas u oligopólicas manejan el mercado. Es, lisa y llanamente, renunciar al arbitrio del Estado, como existe en cualquier lugar del mundo, sobre todo del primer... Prácticamente se deroga el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Y se liberan totalmente las importaciones de cualquier producto. 

No hemos encontrado un solo constitucionalista que defienda la constitucionalidad del decreto. Salvo, claro está, los funcionarios del gobierno. 

Por otra parte, es público y notorio que quien ha sido el correveidile del DNU ha sido una persona que no tiene cargo en el Gobierno y que, según las informaciones, no cobra por su tarea. Vale preguntarse: ¿Sturzenegger es un idealista que lucha por los argentinos? Ha trascendido que el DNU fue redactado en dos estudios de abogados asesores de grandes empresas nacionales y extranjeras, casualmente las no perjudicadas o directamente beneficiadas por esta norma.  Tampoco cobran por esta tarea. Resulta que ahora se trabaja gratis. 

Asimismo, se establece una especie de chantaje (quizá lo de especie está de más) diciendo, "o se aprueba el DNU y la Ley o nos vamos al caos"; "la política debe hacerse cargo".

 Primero, hay que decirlo claramente: el caos lo están provocando cuando violan la constitución y pretenden ignorar al Poder Legislativo. Segundo, la política que el presidente y sus funcionarios integran en tanto y cuanto conducir el Estado es, por definición, una actividad política necesita de consensos, discusiones, debates y todos ellos con la participación de los sectores involucrados. Pretender imponer normas de esta forma es más propio de gobiernos que tristemente la Argentina recuerda y a los que, suponemos, la absoluta mayoría de los argentinos no quiere volver. Cuando se pide la delegación de poderes de manera amplia y sin restricciones, directamente, se solicita la concentración de la totalidad del poder. El Gobierno militar había creado la Comisión de asesoramiento legislativo (CAL) para dar una simulación de legalidad a las leyes de facto. Ahora ni siquiera existe la simulación.

Casi suena a risa la promesa de que, dentro de 45 años, si se aplican estas medidas, seremos potencia. Más de la mitad de la población argentina tiene más de 30 años. La aplicación de Ceteris paribus (disculpe el lector común), trasladado una planilla Excel, ignora las variables culturales, sociales, sociológicas y también de sistemas o cadenas de producción que harán en poco tiempo estallar por el aire al monetarismo y a la financiarización extrema de la economía en países como el nuestro. Como ya ocurrió. 

Para terminar, y brevemente expuesto –pues es para un debate más largo, pero solo para expresar un planteo–, se dice que los países más importantes del mundo aplican estas medidas y que nosotros no lo hacemos y por eso estamos así. Estas medidas son monetarias y financieras, básicamente.  EE.UU., por ejemplo, comenzó a aplicar estas medidas en la segunda parte del siglo pasado, luego de que ya fue un país industrializado y potencia mundial. Antes, lo fundamental estaba en la industrialización, muchas veces amparada por el subsidio o gasto del estado y el proteccionismo. Ya siendo potencia industrial pudo aplicar estas políticas. Nosotros nunca logramos ser una potencia industrial. Los intentos de Perón de crear un capitalismo de Estado fracasaron por debilidad de nuestra burguesía industrial y por una cuestión cultural. Aplicar el monetarismo y la economía financiera como lo fundamental en esta Argentina es condenar a su gran mayoría a la pobreza. Sí, más que la actual. A la clase media a ser, con suerte, clase media baja. Y una ínfima minoría de ricos y poderosos, vinculada con el sector financiero, a la gran industria alimentaria y a los grandes productores del campo y los exportadores ligados a ellos. 

Esperamos que el DNU no sea aprobado por el Congreso y el proyecto de ley, desmenuzado y transformado en algo útil para todos los argentinos. 

(*) El autor es contador público, analista de Economía.