CARTAS DE LECTORES

La seguridad de los chaqueños en emergencia

Señor director de NORTE:

Lamentablemente el tiempo me dio la razón, ya que hace dos meses escribí, en este mismo medio, sobre las bombas de humo del gobernador acerca de sus rimbombantes anuncios de medidas tendientes a combatir la inseguridad; y ahora, después de dieciséis años de gobierno, blanqueó su impericia, negligencia, e impotencia para combatir el delito en la provincia, al firmar un decreto declarando (a partir del 1 de agosto de este año) la emergencia en materia de seguridad pública y penitenciaria en la provincia del Chaco, con lo cual admite su fracaso estrepitoso sobre las políticas públicas de seguridad y penitenciaria en sus tres períodos de gobierno.

Pero como siempre, viene a anunciarnos medidas para salir de la coyuntura que no son más que globos de ensayo y promesas vacías de contenido; no son más que estertores agónicos de alguien que enfrenta la posibilidad cierta de que la ciudadanía le dé la espalda en las urnas en septiembre.

Después de tantos años se da cuenta de que tiene que incorporar más policías, más equipamiento, más tecnología, más cárceles y nos promete a los chaqueños solucionar los problemas que él mismo creó.

Solo basta con mirar los datos oficiales del gobierno para darnos cuenta de la importancia que este gobierno le asigna a la seguridad de los chaqueños.

El presupuesto para la Policía durante todo 2023 es de $ 36.422.612.535,99 de los cuales casi el 92% se utiliza en pagos de sueldo para unos 7600 policías, y lo restante se utiliza en los gastos operativos de la fuerza y equipamientos.

Mientras que para este año 2023 se proyecta un financiamiento de $ 29.987.000 para el presupuesto con perspectiva de género en la provincia que se destinará a reducir en forma directa e indirecta la brecha de género y promover políticas más igualitarias e inclusivas (sic). Claramente: dato mata relato.

Para comprobar, ingresé a la página de TGD para ver el nuevo sitio que el decreto menciona que a partir del 1 de agosto se puede efectuar denuncias online y resultó ser otra mentira porque no existe tal sitio al día de hoy.

Ya desde el año 2013 si exploramos en la hemeroteca de esa época, veremos que el gobernador prometía que no iban a existir más presos en comisarías y que además se iban a recepcionar denuncias online.

Diez años después, existen unos 1500 detenidos en comisarías en condiciones infrahumanas, hacinados y como para muestra basta un botón, hace dos días se conoció la sentencia que absolvió a seis policías y condenó al llavero de turno de una comisaría de Sáenz Peña donde falleció un interno que se prendió fuego.

Lo que la sociedad ignora es que esa comisaría hasta el día de hoy sigue funcionando así: es una vivienda Fonavi acondicionada, es decir, que no reúne las condiciones edilicias en cuanto a celdas, sanitarios, en las cuales deben trabajar nuestros policías supliendo como pueden la falta de colchones ignífugos y celdas adecuadas porque a raíz de eso pudieron pasarle al interno encendedores por una ventanilla que da hacia un espacio público.

Mientras tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el Comité de Lucha contra la Tortura miran para otro lado; pero sí son rápidos para presentarse como querellantes ante hechos que ocurren y en los que actúa el personal policial, y en los cuales el propio Estado es el responsable dejando a los trabajadores policiales librados a su suerte y sin el menor respaldo institucional.

La seguridad no es una cuestión ideológica es una cuestión de Estado, por eso este nuevo manotazo de ahogado es otro engendro más destinado al fracaso.

Las fuerzas de seguridad nacionales no pueden actuar sino en casos federales; la entrega de bienes secuestrados del narcotráfico escapan de la órbita de la justicia ordinaria todo lo demás que el gobernador promete ya se hizo y eso nos trajo hasta aquí, es decir, al fracaso.

Pero no por la incapacidad de los cuadros policiales que siempre han demostrado capacidad, constancia, sacrificio y profesionalismo tal como quedara demostrado en los sucesos del caso Cecilia, en los cuales la prensa nacional tuvo que reconocer la gran labor realizada por la Policía del Chaco para esclarecer un caso complejo en forma rápida sino por la desidia y el desinterés que tuvo el actual gobierno por combatir el delito dotando a la institución de los recursos humanos y materiales necesarios acordándose al final de su mandato después de cuatro años la incorporación del personal.

Ahora solo falta que decrete la emergencia en educación, la emergencia en salud y la emergencia social por el 60% de niños pobres del Chaco.

RAÚL CANTERO

COMISARIO MAYOR (R)

LICENCIADO EN SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

RESISTENCIA