Impulsan un programa federal de reforma judicial

Jóvenes juristas y consultores especializados vienen discutiendo y proponiendo la necesidad de llevar adelante una agenda federal que permita poner sobre la mesa puntos claves para una reforma judicial democrática y participativa.

Leonel González Postigo, abogado consultor internacional en materia de reforma judicial, sostiene que "las instituciones y procesos judiciales responden a un contexto social muy distinto al actual" y resalta: "es necesario avanzar en una estrategia que permita reunir los consensos sobre áreas claves, vinculados con la gestión de la conflictividad, la persecución de los delitos complejos, el acceso a la justicia y la perspectiva de vulnerabilidad, y la desburocratización y partidización del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema".

Lourdes Polo Budzovsky abogada y especialista en políticas públicas, señala que "en este proceso de construcción colectiva no se puede desconocer la multiplicidad de foros de organizaciones especializadas como Inecip, Asociación Pensamiento Penal, ACIJ, Proyecto Generar, y también organizaciones sociales y feministas que vienen desarrollando un diagnóstico común respecto al sistema judicial". La joven abogada añadió que "la burocracia judicial y el retardo de las decisiones judiciales constituyen violencia institucional para quienes más las necesitan, desnaturalizándose la función social e institucional del Poder Judicial" y sostiene que es necesario "avanzar hacia una Justicia más ágil, más eficiente y más participativa donde no exista distancia y ajenidad entre los operadores de justicia y las personas que acuden a los estrados judiciales".

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe ser ampliada y debe garantizarse la representación federal, su función es decidir sobre los conflictos que le competen y no deben entrometerse en cuestiones políticas".

Matías Sucunza, especialista en Derecho Administrativo Económico, es un investigador viene trabajando en proyectos de ley vinculados con la regulación de los procesos colectivos. Sostiene  que "tanto el juicio por jurados como los procesos colectivos son instituciones que redefinen y ponen en crisis la idea y práctica del Poder Judicial, su organización, el proceso y las modalidades de toma e implementación de decisiones públicas". En este sentido manifiesta que "la ausencia de una regulación sistémica de ambas instituciones parecería tener como denominador común la inconfesable necesidad de mantener el (des)arreglo político-económico que constituye el ADN del constitucionalismo nacional o la conservación del carácter tecnocrático".

Es por ello que sugiere la implementación de juicio por jurados en procesos colectivos (de incidencia colectiva) como, por ejemplo, en aquellos casos donde se ponga en jaque el derecho al ambiente, a usuarios y consumidores, derecho al desarrollo, al patrimonio cultural.

Cabe tener presente que los jóvenes especialistas vienen trabajando en diferentes esquemas y propuestas a lo largo del país, principalmente en la provincia del Chaco que tras la decisión política del gobernador Jorge Capitanich de enviar una serie de proyectos de ley a la Cámara de Diputados. Hoy la provincia del Chaco está a la vanguardia en la regulación de los juicios por jurados en materia civil y comercial, reconocida por diversas universidades internacionales.