A la memoria de Estela Raquel Lisceiko

Fue una docente comprometida hasta el hueso con su trabajo y más allá también. Estela denunció fumigaciones que se hacían en cercanías de la escuela y de las viviendas del barrio. Su voz en la transcripción tiene el peso de la verdad palpable, del sol que calienta la piel y la noche que cubre todo de tristeza, dolor, pena. Transcribimos un fragmento de la audiencia pública Resolución Nº 1259/11, donde ella dejó sentada su postura ante el proyecto de ley de biocidas discutido en 2011.

"En defensa del ambiente y la salud, teniendo en cuenta que el Municipio de la localidad de La Clotilde se encuentra ubicado en una zona de producción agrícola, y por los efectos que podría sufrir esta población como consecuencia del uso de los agroquímicos: como estamos rodeados de sembradíos, principalmente de soja, existe una relación directa con el uso del glifosato, bajo el nombre comercial Roundup y otros principios activos que desconocemos. Por lo tanto, urge la necesidad de involucrarnos desde todos los ámbitos para establecer un marco normativo que regule las distancias que deberían guardar las fumigaciones aéreas y terrestres con productos químicos, como también las medidas sobre el manejo, almacenamiento y uso de esos productos.

"Durante la aplicación de los químicos, el empleado, por estar en contacto con el producto, debe usar equipo de protección (Ley n° 3.378), pero esto en la práctica no se cumple, porque no lo sabe el trabajador, porque no lo sabe o no lo exige el empleador, y no lo controla la autoridad de aplicación de la ley de biocidas. Por la cercanía de los sembradíos que lindan con la población, se deduce que los transeúntes y residentes urbanos de La Clotilde podrían estar en contacto directo con plaguicidas, y tampoco tienen ninguna protección. La falta de información nos expone a situaciones que ponen en riesgo la salud y la vida de todos.

"También se debe tener en cuenta el resguardo de la salud de la población escolar en las zonas rurales, ya que se encuentran en contacto directo con las fumigaciones aéreas y/o terrestres que se practican a cualquier hora del día en los campos linderos, siendo los niños testigos y víctimas de ese espectáculo, contando sólo con la advertencia de los maestros de verlo por las ventanas de la escuela, o corriendo a resguardarse al interior del edificio cuando la fumigación se practica durante la hora de los recreos. Las plantas de la escuela evidencian efectos de los agroquímicos.

"Espacios recreativos, lugares de esparcimiento para nuestros niños, como los sitios destinados a la huerta familiar, estarían siendo afectados por los productos químicos por deriva, por las corrientes pluviales, ya que el almacenamiento de los contenedores vacíos del producto glifosato se encuentra a escasos metros de un barrio. 

"Pareciera que la ley no existe. Enfermedades humanas de evidente sintomatología que no se registran, no se certifican, ni se analizan. Un virus es la respuesta perfecta, con gobernantes que evitan tocar el tema. Aunque habría sospechas, sería irresponsable arriesgar una relación de causa-efecto, pero nadie puede negar el incremento en los últimos años de los casos de cáncer, malformaciones en recién nacidos, problemas en las vías respiratorias, dolor de cabeza o estomacal y urticaria en la piel.

"En este marco, es indudable la existencia de una lucha de intereses, pero de ninguna manera podría aceptarse la prevalencia del interés personal sobre los intereses de la comunidad de gozar del derecho de vivir en un ambiente sano y equilibrado. La regulación de la práctica no pareciera ser la mejor manera de buscar protección y defensa de la población. Debería prohibirse el uso de productos químicos en fumigaciones aéreas y terrestres, estableciendo las distancias que resguardarían el cinturón urbano, los caseríos rurales, las escuelas rurales, las fuentes y cursos de agua, etc.

"Dicha solicitud de medida se fundamenta en la aplicación del principio precautorio basado en la preservación del equilibrio ambiental y la salud humana, bienes que se ven fuertemente amenazados por el uso de los químicos y agroquímicos de alta toxicidad a través de las fumigaciones aéreas o terrestres sobre las plantaciones, o envenenamiento de personas, animales, vegetales o cursos de agua.

"La Constitución Nacional, en su art. 41°, señala: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras", y tiene el deber de preservarlo. En el segundo párrafo del citado artículo, impone a las autoridades el deber de proveer a la protección de ese derecho. En concordancia con el citado artículo, la Constitución Provincial, en su artículo 38°, establece: "Todos los habitantes de la provincia tienen el derecho inalienable a vivir en un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, y a participar de las decisiones y gestiones públicas para preservarlo, así como el deber de conservarlo y defenderlo. 

"Seguidamente, en el párrafo siguiente impone el deber a los poderes públicos de dictar normas que aseguren básicamente la armonía entre el desarrollo sostenido de las actividades productivas, la preservación del ambiente y de la calidad de vida (inc. 3) y la exigencia de estudios previos sobre el impacto ambiental para autorizar emprendimientos públicos o privados. Confiamos en que desde la Legislatura chaqueña se tomarán las medidas correspondientes a fin de garantizar la salud de la población, controlando el cumplimiento de los resguardos legales para que el derecho inalienable de vivir en un ambiente sano no sea solamente una letra escrita en la Constitución. Sugiero concluir en que se rechace el actual proyecto en trámite con despacho favorable de la Comisión de Hacienda -nº 1967/07- que deroga la Ley de Biocidas, sin tener como principal eje la salud y el ambiente".

Estela Lisceiko contrajo cáncer y falleció el 15 de julio de 2015.