Trata de personas en el ámbito virtual
Nueve de cada diez llamadas que recibe la línea nacional gratuita 145 para solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas están relacionados con el empleo de redes sociales y plataformas de Internet para captar y reclutar nuevas víctimas. El dato se conoció ayer en la reunión que realizó en Resistencia el Comité Ejecutivo creado para la lucha contra este grave delito.
Generar conciencia en la población sobre los nuevos mecanismos que se emplean para reclutar víctimas es clave para lograr una mayor eficacia en la prevención. En ese sentido, merece destacarse la iniciativa en la que están trabajando el Comité Ejecutivo y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación para promover una serie de investigaciones académicas que indaguen sobre la utilización de redes sociales, sitios web y plataformas de Internet por parte de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas.
Por otra parte, uno de los desafíos más serios que tienen por delante los organismos estatales y las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra este tipo de delitos es poder asegurar una asistencia adecuada y una protección efectiva a las víctimas. La experiencia demuestra que la mayoría de las personas que fueron revictimizadas no contaban con redes más sólidas de contención y que hubo fallas a la hora de garantizar un acompañamiento que vaya más allá del primer mes del rescate.
Los datos que aporta el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PAN) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece una primera aproximación al problema: en nuestro país solo entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se rescató y asistió a un total de 528 víctimas, de las cuales 270 eran mujeres y 30 menores de edad. Según la misma fuente, la forma de explotación más frecuente fue la laboral, seguida de la explotación sexual, y en menor medida situaciones de reducción a la servidumbre y matrimonio forzado. ¿En un país como la Argentina, que tiene una buena parte de su población viviendo en situación de vulnerabilidad económica, estas cifras podrían estar mostrando solo la punta del iceberg? Es probable.
La ciudadanía debe tomar conciencia sobre este flagelo: la trata de personas es un delito y una violación a los derechos humanos, que atenta contra la libertad y la dignidad de las personas. El Estado debe promover políticas públicas eficaces en la lucha contra estos delitos y redoblar los esfuerzos en materia de prevención, sobre todo en todo lo relacionado con actividades que se puedan detectar en Internet y en las redes sociales, dos espacios que, como se dijo, son un nuevo escenario de captación de víctimas. Debe tenerse en cuenta que, en la mayoría de los casos, detrás de estas actividades ilícitas hay bandas del crimen organizado que atentan contra la seguridad, el bienestar y los derechos humanos de las víctimas. El complejo y siniestro circuito de la trata implica, en casi todos los casos, la participación de distintos eslabones que hacen a una misma cadena y que van desde el ofrecimiento, la captación, el traslado y la recepción de personas para fines de explotación sexual o laboral.
Es importante recordar, además, que está disponible la línea 145, que es un servicio de atención telefónica gratuita que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas. Es administrada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Todos los llamados efectuados a esa línea telefónica gratuita son atendidos por profesionales capacitadas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas, que administra la central de recepción de denuncias provenientes de todo el país.
El análisis y la derivación de las denuncias recibidas se desarrollan dentro de las primeras 24 horas. Las denuncias que revisten urgencia son judicializadas el mismo día que se reciben; y en aquellas entendidas "de extrema urgencia" se otorga inmediata intervención a una fuerza de seguridad federal para que realice la correspondiente consulta con el Juzgado o la Fiscalía en turno.
