Comunicación pública democrática

La crisis no solo no se había superado con la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía, sino que se había acentuado sacando a la luz las diferencias marcadas en el frente gobernante, profundizadas por las críticas y posiciones adoptadas por Cristina Fernández, que continúa pidiendo renuncias a funcionarios teóricamente más afines al presidente. 

En octubre del año pasado se conoció el nombramiento de la periodista Gabriela Cerruti como vocera presidencial, con rango y sueldos de ministra. Esto la obligó a renunciar a su cargo de diputada nacional por el partido Unidad Ciudadana, y al aceptar su nuevo cargo que depende del Ejecutivo nacional, "olvidó" todas las diferencias, críticas y discusiones que anteriormente había tenido con el presidente, siempre más volcada a coincidir con la actual vicepresidenta. 

En la reunión de prensa que cerraba un día preocupante, a la vocera presidencial le incomodó mucho la pregunta que le hizo la periodista Silvia Mercado, requiriendo precisiones sobre las posibles renuncias de Alberto Fernández e incluso también de Sergio Massa. 

Una pregunta lógica, sensata, pertinente, a raíz de la convulsión política imperante, que preocupa y angustia a la mayoría de los argentinos. 

La respuesta fue: "Esa pregunta no corresponde ni ser preguntada ni ser respondida". 

Al día siguiente publicó en su página una especie de tutorial para que todos sepamos cuáles son las preguntas que no deben hacerse y no deben ser contestadas. 

Gravísimo, preocupante en lo que hace a nuestro futuro. Los funcionarios públicos tienen la obligación de responder todas las preguntas que se les hagan. 

Gabriela Cerruti es funcionaria y además es la vocera oficial, la que debe comunicar la información, sobre todo, lo concerniente a la gestión que representa.

La vocera no está para juzgar las preguntas, está para que las responda, sabiendo incluso que generalmente nos mienten o evaden la respuesta concreta, aun cuando sean rumores, que muchas veces al desmentirlos no hacen más que confirmarlos. 

En síntesis, nos desinforman. Quisieron decirnos cómo debíamos pensar cuando crearon la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional.

Continuaron con decirnos cómo debemos hablar cuando nos quieren imponer el mal llamado lenguaje inclusivo. 

Y ahora sabemos que no debemos preguntar, que los funcionarios públicos no tienen la obligación constitucional de informar sobre los actos de gobierno, y que seguimos sin tener certezas acerca de quién tiene el poder de decidir hoy en la Argentina.     

Gabriela Cerruti como periodista sabe que está equivocada, a pesar de venir de medios oficialistas. 

Gabriela Cerruti sabe que no debe maltratar a los periodistas acreditados a sus reuniones de prensa. 

Pero nosotros sabemos que la vocera presidencial no actúa solo como representante del gobierno sino como una militante más que hace política partidaria desde el micrófono oficial.  

En el agradecimiento que Gabriela Cerruti le hizo a Alberto Fernández por haberla designado portavoz oficial, entre otras consideraciones, expresaba: "Vamos a trabajar por una comunicación pública democrática".  

La semana anterior tuvo un gesto parecido con el periodista Miguel Nicolich al que acusó de golpista ante una pregunta que la incomodó; y cuando la periodista Mariel di Lenarda preguntó sobre la realidad política del país no solo no contestó, sino que dio datos imprecisos o falsos sobre otras cuestiones. 

Sabemos que la responsabilidad principal no es de la vocera oficial. Hace lo que le piden que haga, dentro de su militancia periodística y de la escasa o nula comunicación pública democrática. Cómo pensar, cómo hablar, no peguntar. Todas cuestiones que creíamos pertenecían a un pasado al que no queremos volver.