Colombia: cambios profundos y maniobras de superficie

   Desde su independencia, Colombia ha sido gobernada por la derecha conservadora y/o liberal. Y en lo que va de este siglo, detentó el poder la variante más extrema de esa derecha, liderada por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2006; 2006-2010), quien patrocinó a los dos últimos mandatarios, Juan Manuel Santos (2010-2014; 2014-2018) e Iván Duque (2018-2022).

   A lo largo de aquellos periodos se forjó la imagen que en todo el mundo se tiene de Colombia, la de un país dividido entre el establishment del poder y las guerrillas campesinas (FARC, ELN), primero, y en las últimas tres décadas entre el régimen oficial y el de los narcotraficantes y los paramilitares (aunque muchos consideran que esto no es una división, sino una complementación).

  Hay que destacar que en todo ese tiempo Colombia también se ha transformado en el territorio americano con mayor número de bases militares de EEUU: entre 7 y 35 -según la fuente y la definición de "base" que se tome en cuenta-, lo que también ha influido en la (para)militarización del país. Además, Colombia ha sido designada en mayo de este año "aliada extra-OTAN" por EEUU, lo que la habilita a recibir más asistencia y equipamiento militar de Washington, incluyendo munición de uranio empobrecido.

Disidencias en el régimen

   Tan destacados logros, sin embargo, terminaron en la última década produciendo diferencias entre sectores del establishment. El dominante uribismo, que se había atado tan estrechamente a EEUU, a través del Pentágono y la DEA sobre todo, no pudo impedir que se reflejaran a su interior las "grietas" que ya atormentaban al aliado del norte.

   Mientras el uribismo más ultra insistía en aumentar el armamentismo y la violencia para "resolver" el histórico problema campesino-guerrillero, otro sector promovía la firma de un gran pacto de paz con los insurgentes, como forma de ampliar el territorio disponible para la explotación minera, petrolera y agroindustrial. 

   Este sector finalmente avanzó con su programa en 2016, de la mano del presidente Santos (quien, vale destacar, había sido ministro de Defensa de Uribe), con el apoyo del presidente estadounidense Barack Obama, de la Unión Europea, del castrismo, y del Papa, nada menos. La firma del histórico acuerdo (24/8/2016) establecía en primer lugar el desarme de las FARC y el establecimiento de una Justicia Especial para la Paz, como condición para integrar a la dirección guerrillera al sistema político y distribuir tierras entre las comunidades campesinas.

   El Acuerdo debía ser incorporado a la Constitución del país, previa aprobación popular mediante un plebiscito en el que –sorpresivamente- la furiosa oposición del uribismo superó en forma ajustada al frente local e internacional que respaldaba el Acuerdo de Paz. Y esta fue la clave del desarrollo de los últimos seis años. El Acuerdo, sin rango constitucional, se aplicó solo en lo referente al desarme de las FARC, mientras que sus otros capítulos nunca se llevaron a cabo efectivamente. 

   Por el contrario, el desarme abrió espacio al avance de narcos y paramilitares sobre los territorios antes controlados por la guerrilla, lo que a su vez implicó el incremento de la violencia contra las organizaciones campesinas y los exguerrilleros: desde agosto de 2016 hasta marzo de este año, 1.327 líderes sociales y firmantes de la paz fueron asesinados. Esos crímenes, rigurosamente impunes, no cesaron ni siquiera durante la intensa campaña electoral, justamente iniciada en marzo.

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Este domingo se realiza la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Todas las encuestas pronostican que habrá segunda vuelta el 19 junio, entre el centroizquierdista Gustavo Petro y el derechista Federico Gutiérrez.

La rebelión popular

   Los acontecimientos expuestos arriba, con toda su significación, no bastan sin embargo para explicar la inédita situación política en la que tiene lugar el balotaje de este domingo, del que han sido eliminados por primera vez los partidos que gobernaron los últimos 200 años. Una fuerza de centroizquierda podría llegar por primera vez a la presidencia, y el único que podría evitarlo es un derechista advenedizo al que la derecha apoya por descarte y como última opción, pero en el que no confía en absoluto. 

   La fuerza que fue capaz de determinar este paradójico escenario fue una rebelión popular que en mayo de 2021, en plena pandemia, se levantó contra un impuestazo del gobierno que elevaba los impuestos al consumo y las tarifas de servicios. Casi tres meses de batallas callejeras contra una represión brutal que incluyó crímenes policiales y parapoliciales -desde detenciones ilegales y torturas hasta violaciones y desapariciones de manifestantes-, obligaron al gobierno a cancelar sus planes de "superajustar" a una población ya muy golpeada por la precariedad, la desocupación y el hambre.    

Etapa electoral

   Esto fue lo que liquidó a los partidos tradicionales y abrió el escenario a una fuerza que nunca había estado tan cerca del gobierno –la centroizquierda agrupada en el "Pacto Histórico" de Gustavo Petro-, y a un personaje que al estilo del estadounidense Trump, el brasileño Bolsonaro o el salvadoreño Bukele, progresó postulándose como un outsider, a pesar de que lleva décadas oscilando entre los cargos políticos y los negocios relacionados con la obra pública –el empresario de la construcción ingeniero Rodolfo Hernández-.

   El ascenso de Hernández no se basó solamente en su pose antisistema, en su discurso anticorrupción, o en su astuto uso de las redes sociales, esos instrumentos que reemplazan la obra y el programa con juegos de palabras y fotos. 

   La decadencia del uribismo y de la derecha liberal –ambos signados por la rebelión popular-, el empantanamiento de la "renovación" derechista en las encuestas y la ineficacia de alternativas como Ingrid Betancourt y otras similares, impulsaron al establishment y a sus medios masivos a difundir como gran novedad la candidatura del ingeniero en las últimas semanas antes de la primera vuelta. 

   Hernández pasó así de un porcentaje marginal en las parlamentarias de marzo, a casi 30% en las presidenciales de mayo. "Sorpresivamente", el candidato "antisistema" se transformó en la única opción del sistema para impedir el triunfo de Petro y sus aliados izquierdistas. Durante las tres semanas de campaña para la segunda vuelta, Hernández eludió sistemáticamente cualquier confrontación directa con Petro, redobló sus videoapariciones por redes sociales –popularmente se lo ha bautizado como "el viejito de Tik-Tok"-, y recogió el apoyo del uribismo y todos sus adláteres. 

Domingo y lunes

   Para este domingo, los encuestadores estiman que los votos de Hernández, más los obtenidos por la derecha y el centroderecha, darán la victoria al ingeniero. La derecha estima que si llega al gobierno con su apoyo explícito un candidato que no tiene casi representación parlamentaria, podrá fácilmente contenerlo y dirigirlo en el sentido que quiera.

   La centroizquierda de Petro confía en lograr una gran movilización electoral que doblegue el histórico 50% de abstención para sumar los diez puntos que le faltan para acceder a la Casa de Nariño. 

   Pero todos saben que esta elección, con toda su importancia, no es el cierre, sino un episodio más de una época de cambios históricos cuyos capítulos principales están por escribirse. En Colombia, en Latinoamérica, en el mundo.