Colombia: ganador seguro, balotaje probable
Este domingo se realiza la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Todas las encuestas pronostican que habrá segunda vuelta el 19 junio, entre el centroizquierdista Gustavo Petro y el derechista Federico Gutiérrez.

En las elecciones legislativas de marzo de este año el partido de Petro, Pacto Histórico, se convirtió en la primera fuerza en el Senado y en la Cámara de Diputados (claro que ajustadamente), desplazando a las históricas mayorías conservadoras y liberales que han dominado la política colombiana desde hace más de un siglo. Petro ha logrado hasta ahora capitalizar la rebelión popular que durante casi tres meses ganó las calles hace un año.
¿Qué pasó en 2021?
En abril, el gobierno del actual presidente Iván Duque envió al Parlamento y logró la aprobación de una ley impositiva que aumentaba el IVA a productos de primera necesidad, a la electricidad, el gas y otros servicios. Es decir, después de un año de pandemia, y con la gente todavía encerrada en sus casas, con más del 45% de la población bajo el umbral de la pobreza, el gobierno ajustaba las tuercas para hacerle pagar las pérdidas que habían sufrido bancos y empresas durante el periodo de cuarentena.
La respuesta popular solo podía sorprender al gobierno: millones de ciudadanos salieron a las calles y, pese a una brutal represión ejercida conjuntamente por la policía, el ejército y grupos paramilitares, protestaron durante semanas. El gobierno y los medios masivos, en tanto, propalaban su opinión sobre quiénes estarían motivaban las protestas: militantes comunistas, injerencia extranjera, antiguos guerrilleros de las FARC… menos el impuestazo. Mientras este debate ocupaba las pantallas y las portadas, la represión se cobraba decenas de muertos, "desaparecidos", secuestros, ojos reventados por balas de goma, gente torturada y violada en comisarías, etc.
Las organizaciones de DDHH señalaron al temible Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), una fuerza policial de larga tradición represiva contra movimientos sociales y estudiantiles, como autor de la mayoría de los crímenes contra la población sublevada.
Pero la reforma impositiva fue solo la gota que desbordó el vaso hasta provocar las protestas masivas más grandes desde 1948: el país de 50 millones de habitantes tenía antes de la pandemia 21 millones de pobres, y otro 30% de la población vivía en riesgo constante de pobreza (es decir que sus ingresos solo cubrían tres comidas diarias y nada más). Colombia es uno de los primeros países en el ranking de desigualdad mundial, el 73% de PBI se concentra en manos del 10% de la población, más del 50% de las tierras cultivables pertenecen al 1,5% de su población, etc.
¿Fin de la guerra civil?
Justamente, el problema de la concentración de la tierra en manos de una reducida oligarquía fue el origen de la guerra civil iniciada en los años ´60 que duró casi medio siglo. Al firmar los acuerdos de paz en 2016, el Estado colombiano prometió crear condiciones para que los campesinos pudieran salir del cultivo de coca a una agricultura legal.
Pero seis años después del desarme de los guerrilleros, el Estado no dio un solo paso para crear esas condiciones: los paramilitares más cercanos al gobierno ocuparon los territorios antes controlados por la guerrilla, y los líderes sociales que reclaman el cumplimiento de los Acuerdos de Paz son asesinados sistemáticamente. En 2021 mataron a 145 y en lo que va de 2022 ya son 75.
En 2021, los desplazados en todo el mundo fueron 59,1 millones, según el Observatorio de los Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) y el Centro Noruego para los Refugiados (NRC). Siria, con 6,7 millones, era el país con más personas en esa situación. Le seguían el Congo (5,3 millones), Colombia (5,2 millones), y Afganistán y Yemen (4,3 millones). Colombia es el único de estos países que no está oficialmente en guerra.
Todos estos crímenes siguen impunes, igual que el sonado caso de los "falsos positivos": el gran desarrollo militarista, a la sombra de la llamada "guerra contra el terrorismo", llevó durante las presidencias de Álvaro Uribe (2002-2010), a que el Ejército premiara con incentivos materiales y formales el asesinato de guerrilleros. Cientos de personas fueron secuestradas en la periferia de grandes ciudades, baleadas, arrojadas en la selva, y presentadas como "terroristas caídos en combate". El ejército otorgaba compensaciones en metálico, vacaciones extra, ascensos, a los militares que se adjudicaban estas hazañas.
Petro, "el comunista"
La derecha ha desplegado una rabiosa campaña agitando la "amenaza comunista" si los colombianos votan por Petro. Una de las bases de esa propaganda es el pasado guerrillero del candidato, que en los años ´70 fue integrante del M-19, uno de los primeros grupos en renunciar a la lucha armada a fines de los años ´80. El fantasma del comunismo operó durante muchas décadas como disuasivo para impedir que el electorado intentara saltar el corral conservador-liberal, pero el fin de la guerra civil y desarme de la guerrilla parecen haberle restado efectividad.
El programa de Petro apunta reformar el sistema tributario y centrarlo sobre la renta petrolera y las tierras improductivas, con lo que promete mejorar la educación, la salud y la asistencia social; subsidiar a las pymes y desarrollar un sistema de energías renovables. El candidato del Pacto Histórico incorporó a su fórmula a Francia Márquez, afrodescendiente, ambientalista y feminista, que lleva una campaña separada en la que habla de "justicia ambiental", "reparación histórica a los pueblos originarios" y "reforma policial".
Los medios y el candidato de la derecha
La derecha de gobierno partió en esta campaña gravemente herida por la rebelión de 2021 y por su propio desprestigio tras haber gobernado casi todo lo que va del siglo, con los resultados expuestos. El gobierno debió retirar a su propio candidato cuando en las diez primeras semanas de encuestas no logró superar el 1,5% de intención de voto. Por la misma razón, el partido del Centro Democrático (uribista) fue rechazado por la coalición de derecha "Equipo por Colombia".
En ese marco, los medios operaron sin descanso para poner algún rival a la altura del candidato de la centroizquierda. Lo intentaron primero con los liberales de la coalición "Centro Esperanza", pero debieron desistir cuando en las primarias de marzo todos sus candidatos sumados obtuvieron menos votos que Francia Márquez, la segunda en la coalición "Pacto Histórico". Luego probaron haciendo una insistente publicidad de Ingrid Betancourt, exprisionera de las FARC liberada en 2008, quien sin embargo tampoco pudo subir en los sondeos.
Así las cosas, la derecha y sus medios creyeron haber encontrado a su hombre en Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, quien sorpresivamente se impuso en la interna del "Equipo por Colombia". Pero el apoyo oficial del uribismo y el extraoficial del grupo narco-paramilitar "Clan del Golfo", que declaró "paros armados" en los distritos en los que Petro iba a hacer campaña, terminaron perjudicando al candidato.
Ahora, el establishment de medios y consultoras políticas apuesta por Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, quien tiene un discurso anticorrupción y nacionalista, entre reiterativo y demodée. Hernández viene creciendo en las encuestas y parece capaz de alcanzar la segunda vuelta, al punto que faltó al último debate presidencial porque pensó que era más conveniente.
Asuntos urgentes
De todos modos, es muy difícil que Petro alcance el 50,1% de los votos en primera vuelta, por lo que el balotaje es descontado por todos los analistas. En esa segunda vuelta, el establishment que ha hecho de Colombia el país del narcotráfico, de los "falsos positivos", de los desplazados internos y de la represión a la protesta popular, espera reunir los votos dispersos de quienes no lleguen al balotaje para evitar un eventual gobierno de izquierda.
Pero en cualquier caso, la elección no va a satisfacer los anhelos de un pueblo que se ha rebelado. El régimen, gobierne quien gobierne, deberá responder a cuestiones urgentes y necesidades apremiantes que ya no pueden ser postergadas en nombre de la "guerra contra las drogas" o "la amenaza comunista". Trabajo, educación, salud, vivienda, tierra, salarios dignos, son solo algunos asuntos que ya no quieren someterse a la propaganda ideológica.













