Aranda asoció a la campaña electoral las denuncias contra su gestión

El Sindicato de Empleados Judiciales de Chaco (Sejch) se encamina a renovar autoridades (siempre que no prospere una medida cautelar y un recurso de amparo contra la Junta Electoral).

Graciela Aranda, actual secretaria general y que buscará un nuevo mandato, expresó su decepción por lo queaconteció en las últimas semanas con quienes son parte de la vida de la institución.

Indicó que le parece ‘llamativa‘ la presentación en el Juzgado Laboral de Villa Ángela de la medida para frenar el acto eleccionario previsto para el 6 de mayo en razón de que quien impulsa la demanda para frenar los comicios se desempeña en esa misma dependencia en un puesto clave hace mucho tiempo, por lo que podría influir en la decisión del magistrado.

‘Todas las resoluciones que se toman en el sindicato son a través de asambleas, nadie es ajeno a lo que ocurre y sobre todo aquellos que están saliendo a los medios criticando la gestión‘, indicó.

La también líder de la CGT se refirió a Félix Morales, Ramón Ríos y Alberto Núñez, actuales miembros de una comisión investigadora para dilucidar si existieron actos irregulares en la administración sindical y que competirán contra Aranda en los comicios que se realizarán en semanas y el último de ellos se postula como secretario general.

‘No pueden desconocer lo que ocurría dentro del sindicato, porque Núñez fue revisor de cuentas y el resto son delegados que participaban y avalaban con el voto lo que se definía en asambleas‘, expresó Aranda.

La dirigente indicó de esta forma que las cesiones de inmuebles a favor de la mutual, una de las críticas que trascendió en los medios, son conocidas por todos los afiliados incluidos los integrantes de esta comisión.

HERENCIA

Sin entrar en detalles acerca de la cuestión financiera y económica que atraviesa la entidad, Aranda expresó que el escenario complejo no es nuevo en virtud de que desde hace el menos 20 años el sindicato enfrenta demandas judiciales de aquellos agentes o tenedores de bonos que se otorgaron por lo que se conoció como ley de enganche, y que los titulares cedieron a favor de la institución a cambio de monetizar los valores, lo que nunca se hizo o se llevó a cabo parcialmente.

‘Son títulos que se entregaron en la época de la convertibilidad y la deuda superaba los miles de dólares que en parte se fue pagando y el resto se avanzó en planes de pago o bien persiste la judicialización‘, expresó la secretaria general de la entidad.