Denuncian triangulación y deudas millonarias en el gremio judicial
Una Comisión Investigadora del Sejch expuso que a través de la mutual integrada por miembros de la comisión pasaron ventas de terrenos sin aval de los afiliados.
El Sindicato de Empleados Judiciales transita una crisis interna producto de una suerte de intervención que encara un grupo de afiliados a través de una comisión investigadora.
El espacio nació luego de una denuncia sobre la venta ilegal de un terreno perteneciente a la entidad en General San Martín ocurrida a fines de 2020 y que con el avance de los meses va a camino a convertirse en un escándalo.
Félix Morales, Ramón Ríos y Alberto Núñez integran el grupo que tiene la tarea de poner blanco sobre negro en lo que son las finanzas y el estado patrimonial de la entidad que tiene como secretaria a General a Graciela Aranda.
‘Se debían cuatro o cinco balances, siempre se avanzaba en uno para habilitar una asamblea y mantener la vida institucional‘, señalaron.
Los trabajadores contaron que alrededor del sindicato se crearon una mutual y una fundación, y que la explicación a los afiliados fue que la institución acumulaba un sinfín de deudas sin que se conociera demasiado su origen y que llevaban a que acreedores se cobren directamente de la cuota societaria, generando la desfinanciación que hacía complejo el día a día.
Con la triangulación consumada y otra razón social asociada al sindicato, lo que aportaban los afiliados pasaba por allí y se ‘evitaban‘ los embargos.
Además, también se creó una fundación por los cuales se ofrecían la finalización de estudios por la que también ingresaban fondos y que luego no entrarían en las arcas del sindicato.
MILLONES Y MISMOS NOMBRES
En total existen unos 316 demandas contra el sindicato y 41 de ellas son por pedido de ejecución de la hipoteca del inmueble de la calle French al 900, que se ofreció en garantías cuando la Comisión Investigadora sostiene que se tomaron préstamos cuyo destino de los fondos se desconoce.
Si bien el sindicato tiene a Graciela Aranda como cara visible, José Borrego y Nelson Salinas como adláteres de la también cabeza de la CGT son otros dos nombres importantes en esta historia. Ambos fueron expulsados en una asamblea efectuada a mitad de 2021 luego de intentar vender un terreno perteneciente al sindicato en San Martín y por el cual los afiliados nada sabían.
Indicaron que tanto Salinas como Borrego son autoridades en la mutual y en la fundación y que en los últimos meses se realizó la transferencia del inmueble de la sede sindical a favor de la mutual, con el compromiso de usufructo vitalicio para el sindicato.
‘Hay un convenio firmado por Aranda con el ministro de Economía anterior, por el cual transfiere fondos de la cuota social que se liberaron de lo que fue la ley de enganche a favor de la mutual, 40 millones de pesos que no se sabe el destino‘, dijeron.
