Aministía Internacional objeta el encuadre que la justicia chaqueña le dio a la violencia policial de 2020 sobre jóvenes qom

La filial argentina de Aministía Internacional emitió una declaración en la que cuestiona el encuadre que la justicia chaqueña le dio hasta ahora al proceso que se lleva adelante contra una decena de policías provinciales por un grave episodio que en 2020 tuvo como víctimas a cuatro jóvenes de la etnia qom.

Puntualmente, la organización defensora de los derechos humanos lamenta que hasta ahora la carátula del caso no incluya el delito de torturas, un agravante que considera probado pero que no aparece en las imputaciones a los uniformados. En ese sentido, AI advierte que la acción judicial debería concluir con una sentencia que esté a la altura de los hechos ocurridos y que desaliente su reiteración en el futuro.

En un texto firmado por Paola García Rey, directora adjunta de Aministía Internacional Argentina, se plantea que lo acontecido dos años atrás en Fontana "revela una trama de racismo, abuso de poder y tortura contra comunidades indígenas" que afecta no solo al Chaco "sino también a otras partes del territorio nacional. Los hechos incluyen violencia, amenazas, malos tratos y hasta denuncias de abuso sexual contra agentes policiales, en un contexto de discriminación estructural contra el pueblo qom".

 

REPRESIÓN  Y ODIO

Aministía Internacional agrega que el caso chaqueño "sintetiza mucho de lo que funciona mal en nuestro sistema democrático cuando persiste el sometimiento y la represión estatal revestidas de odio. Pero a la vez constituye una oportunidad única para cambiar las cosas o, al menos, empezar a hacerlo". 

Los hechos que ahora analiza la justicia se produjeron el 31 de mayo de 2020, cuando policías de la Comisaría Tercera de Fontana ingresaron a una vivienda por la fuerza, sin una orden de allanamiento, para detener a cuatro jóvenes qom de una manera violenta. Familiares de los detenidos pudieron registrar en videos el accionar de los uniformados, que aplicaron "empujones, golpes de puño y con armas de fuego, y patadas, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia al pueblo indígena. Dentro de la comisaría, continuaron los tormentos y malos tratos. En total, la detención se prolongó por más de 10 horas", describe AI.  

El documento entregado a NORTE dice que frente a lo sucedido, la justicia provincial tiene "el imperativo legal de garantizar que casos como éste no queden en la impunidad y sean debidamente investigados, considerando la discriminación racial, exclusión e invisibilización histórica que enfrentan los pueblos indígenas en Argentina".

 

CARATULA CUESTIONADA

García Rey recuerda que a la fecha, "son diez los imputados en la causa judicial, incluyendo a la máxima autoridad de la Comisaría Tercera, por los delitos de vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, detención ilegal, falsedad ideológica y encubrimiento. Sin embargo, no se incluye el delito de tortura entre las imputaciones, a pesar del grave padecimiento físico y psicológico que relataron los cuatro jóvenes y fueron relevados en las pericias"

Al respecto agrega que la organización internacional se presentó en la causa con la preocupación de que "estos crímenes se investiguen a la luz de lo que efectivamente son, hechos de torturas, y no se rebaje la calificación del sufrimiento y daño provocado, como se ha pretendido. No se trata solo de etiquetas sino de la sanción de un delito que garantice justicia y reparación, y que también contribuya a prevenir la repetición de los hechos. Las autoridades intervinientes deben mostrar el estricto compromiso con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos". 

"Ello incluye -señala- el deber de los Estados de enjuiciar debidamente estas conductas y de considerar el contexto de violencia y racismo que coloca a las cuatro víctimas pertenecientes a la comunidad qom en una situación de mayor vulnerabilidad, no solo debido a su edad sino por su pertenencia a un grupo históricamente excluido".

La declaración suma que la lucha contra la violencia institucional "exige más que la sanción de una norma; requiere de una profunda reforma a partir de medidas integrales y definitivas, coordinadas entre todas las jurisdicciones del país y con el involucramiento de todos los niveles del Estado".

"Por eso -reitera- es indispensable que estas denuncias no queden en la impunidad y sean debidamente investigadas. Ello, pese a que nada pueda enmendar o reparar las cicatrices que esta experiencia les ha dejado (a las víctimas) para toda la vida".